La ley y el imperio en Guatemala

Daniel Raisbeck

En octubre del 2015, cuando la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) promovió cargos de fraude aduanero contra el entonces presidente, Otto Pérez Molina, el congreso le retiró la inmunidad al mandatario, quien fue encarcelado menos de 24 horas después. Como escribió un comentarista en el diario español El País, “pocas veces en la historia de América Latina un incendio político se consumió tan rápido”. 

Si la caída de Pérez Molina fue extraordinaria, también lo es la naturaleza de la institución que lo derribó del poder. Según la revista The Economist, el gobierno guatemalteco, “enfrentándose a un narco-Estado fallido en el 2006, llegó a un acuerdo con la ONU para establecer el imperio de la ley”. El resultado fue la CICIG, una agencia “pionera e independiente” con 180 empleados “que trabajarían a través de las cortes del país para fortalecer a las mismas y expulsar a las redes criminales que operaban dentro del Estado”.

El New York Times, en un editorial del 2016 titulado Una cruzada contra la corrupción en Guatemala, describe a la CICIG como “un equipo de expertos extranjeros que llevan a cabo investigaciones complejas y de alto perfil, brindándoles conocimiento y cobertura política a las autoridades locales”. La CICIG, agrega el diario, ha causado “una extraordinaria evolución del sistema judicial de Guatemala”.

Pese a los halagos de la prensa extranjera, la indiscutible conmoción que la CICIG ha desatado en la justicia guatemalteca ha suscitado críticas serias. El académico Jonatán Lemus argumenta que la CICIG es una entidad que fue “creada para desaparecer pero diseñada para perdurar”. De hecho, la CICIG es vigente durante periodos de dos años que el gobierno guatemalteco debe renovar con aprobación de la ONU, tal como ha hecho desde el 2006. Para Lemus, la CICIG, por diseño, “debe intentar acumular poder e influencia dentro del sistema político local, comportándose como cualquier burocracia doméstica” que busca prolongar su existencia.

Según el historiador Carlos Sabino, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, la CICIG es un “engendro político” que “tiene un deplorable historial”. Sus comisionados, explica, “han hecho acusaciones sin fundamento y han presentado testigos falsos en algunos importantes casos”, en especial contra funcionarios del expresidente Óscar Berger (2004-2008), personas que fueron declaradas inocentes tras perder su libertad.

Sabino también argumenta que la CICIG bajo su actual comisionado, el colombiano Iván Velásquez, es una institución politizada que no titubea al pedir investigaciones contra políticos de centro-derecha, incluyendo al actual presidente Jimmy Morales, quien fracasó en su intento de declarar a Velásquez persona non grata. Por otro lado, escribe Sabino, la CICIG suele ignorar las sospechas de corrupción que rodean a partidos de izquierda como Libertad Democrática Renovada (LIDER).

Según Lemus, las limitaciones al poder de la CICIG, la cual solo puede “proveer asistencia para procesos judiciales contra grupos criminales”, han motivado a sus altos funcionarios a “asegurar el apoyo del Ministerio Público, del jefe de la Policía Nacional, de los jueces y de las cabezas de otras instituciones estatales”. Y cuando la comisión considera que carece del apoyo necesario, “ha usado su poder para lanzar acusaciones públicas contra los funcionarios que no se alinean con su agenda”.

Por otro lado, Lemus argumenta que la CICIG ha infringido su mandato al promover una serie de cambios a la estructura judicial guatemalteca, entre ellos el uso del espionaje telefónico como evidencia legal y la creación de nuevas cortes. Velásquez, inclusive, ha impulsado una reforma constitucional en Guatemala con el fin de cambiar el sistema de nombramientos judiciales e “integrar la justicia indígena con el sistema del Estado”. 

Las críticas a la CICIG también contienen un componente geoestratégico. Según Mary Anastasia O’Grady del Wall Street Journal, la CICIG presionó a la encargada del Ministerio Público, Thelma Aldana, para que acatara una petición del gobierno ruso e iniciara un proceso contra el empresario exiliado Igor Bitkov, su esposa y su hija de 26 años. Los Bitkov dicen que huyeron de Rusia temiendo por sus vidas después de que bancos estatales causaran la bancarrota de la empresa familiar. Admiten que, en el 2009, compraron pasaportes guatemaltecos por 150.000 dólares, transacción que prohíbe la ley nacional.

O’Grady escribe que, según el fallo de un tribunal de apelaciones, los Bitkov infringieron las normas de documentos públicos de Guatemala, pero tales ofensas son administrativas, no criminales, y sancionables por medio de multas. No obstante, “la CICIG, (la ministra) Aldana y un tribunal inferior presidido por Iris Yassmin Barrios Aguilar, una jueza izquierdista conocida por su activismo político, ignoraron el fallo”. Aunque el caso de fraude y lavado de activos en su contra había colapsado, Bitkov fue condenado a 19 años de prisión, su esposa e hija a 14.

¿Está la CICIG fortaleciendo el imperio de la ley, o pisoteando la ley guatemalteca en pro de un gobierno con ínfulas imperiales?