La deuda histórica con el trabajo no remunerado de las mujeres
Diversos estudios han estimado que, si se valorara monetariamente, este trabajo podría representar entre el 15 % y el 25 % del PIB de un país.Openx [71](300x120)
13 de Marzo de 2026
Mirna Wilches Navarro
Socia de Chapman Wilches
A pesar de los avances sociales, económicos y jurídicos de las últimas décadas, persiste una realidad que sigue marcando la vida cotidiana de millones de mujeres en Colombia: la distribución profundamente desigual del trabajo no remunerado. Es una inequidad tan arraigada que, aunque se conoce, muchas veces se normaliza. Sin embargo, las cifras revelan la verdadera magnitud de este fenómeno. (Lea ¿Qué es ser madre? Una reflexión sobre lenguaje, realidad y dignidad en tiempos de posverdad)
Según el Dane, entre octubre de 2024 y marzo de 2025, las mujeres dedicamos 7 horas y 35 minutos diarios a labores de cuidado, mientras los hombres destinan 3 horas y 12 minutos. En los centros poblados y zonas rurales dispersas la brecha es aún mayor: las mujeres invierten 8 horas y 53 minutos, casi el triple del tiempo que emplean los hombres (3 horas 3 minutos diarios). Son números contundentes que, lejos de ser simples datos, representan jornadas enteras de trabajo invisible que sostienen hogares, familias y comunidades sin recibir reconocimiento económico, social ni institucional.
Estas tareas incluyen suministrar alimentos, acompañar procesos escolares, limpiar, gestionar el hogar, garantizar el autocuidado de todos, cuidar a personas mayores y apoyar a quienes tienen alguna discapacidad. Son actividades esenciales para la vida, pero históricamente consideradas “naturales” en las mujeres, como si no implicaran esfuerzo, tiempo, sacrificio ni profesionalización.
Colombia dio un paso importante en 2010 con la Ley 1413, que reconoció el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado como parte del sistema de cuentas nacionales. Sin embargo, ese reconocimiento estadístico no se ha traducido en transformaciones estructurales. El mercado laboral continúa penalizando el tiempo que las mujeres dedican al cuidado, lo que se refleja en otro indicador crítico: en enero de 2026, la brecha laboral entre hombres y mujeres fue de 5,2 %, y la tasa de desocupación femenina llegó a 13,8 %, frente al 8,7 % de los hombres. Por cada hombre desempleado, hay 1,5 mujeres en la misma situación. La pregunta se vuelve inevitable: ¿cómo competir en igualdad de condiciones si la mitad del día se consume en labores que la economía formal no valora?
Esta desigualdad no es nueva. Durante décadas se intentó mitigar con protecciones relacionadas con la maternidad o incentivos a la contratación. Pero estas medidas jamás tocaron el origen del problema: el rol tradicional de cuidado en cabeza de la mujer, lo que ha marcado el recorrido de millones de nosotras.
Solo en los últimos años el país comenzó a reconocer el trabajo no remunerado como un factor real de discriminación. La Sentencia C-197 de 2023 de la Corte Constitucional fue un punto de quiebre. La Corte afirmó que exigir a mujeres y hombres el mismo número de semanas cotizadas para acceder a la pensión desconoce la desigualdad histórica en el acceso al empleo y la carga desproporcionada del cuidado. Reconoció también que la trayectoria laboral de las mujeres está atravesada por interrupciones, informalidad y dobles o triples jornadas, y que ignorarlo perpetúa la inequidad.
A esta reforma se suma la Ley 2466 de 2025, conocida como reforma laboral, que por primera vez reconoce de manera amplia las responsabilidades familiares de cuidado como criterio para flexibilizar la jornada laboral. Desde 2023, la flexibilidad horaria estaba limitada a personas que cuidaban a personas con discapacidad. Ahora incluye la multiplicidad de labores de cuidado que, en su mayoría, recaen sobre las mujeres.
Sin embargo, estos avances legislativos –aunque significativos– no pueden convertirse en una carga exclusiva para los empleadores. El cuidado no remunerado es una responsabilidad que debe asumirse desde la corresponsabilidad social: Estado, sector productivo, comunidad y familias. Por eso el país necesita avanzar, sin más dilaciones, en la implementación del Sistema Nacional de Cuidado, adoptado en el Conpes 4143 de 2025, así como en el desarrollo del Programa Nacional de Cuidado del Ministerio de la Igualdad. Mientras no exista infraestructura pública –centros de día, espacios comunitarios de cuidado, programas de apoyo a personas mayores, redes territoriales de asistencia–, las leyes serán insuficientes para transformar la vida cotidiana de las mujeres.
El trabajo de cuidado no remunerado tiene, además, implicaciones económicas profundas. Diversos estudios han estimado que, si se valorara monetariamente, este trabajo podría representar entre el 15 % y el 25 % del PIB de un país, lo que en suma significa que el cuidado produce riqueza, permite que la economía funcione y sostiene la productividad de quienes participan en el mercado formal. Pero quienes lo realizan permanecen en desventaja laboral, sin ingresos propios y, muchas veces, sin una pensión digna.
Reconocer este trabajo, por tanto, no se trata solo de estadísticas. Debe ser un acto de justicia histórica. Implica entender que la autonomía económica y las aspiraciones de las mujeres comienza por redistribuir el cuidado, no por exigir que las mujeres hagan más para “acomodarse” a un sistema que parece no haber sido diseñado para ellas.
Colombia ha dado algunos pasos, como ya explicamos. Ello ha permitido visibilizar aquello que durante generaciones se mantuvo en silencio y que intenta equilibrar en las mujeres, la carrera y la familia. Pero aún falta un largo camino por recorrer. Lo que está en juego no es únicamente la equidad laboral: es valorar lo que socialmente permite que todo lo demás exista, el cuidado.
Por eso, las mujeres seguiremos insistiendo. Cada avance, por pequeño que parezca, nos recuerda que diariamente debemos dar pasos para conquistar la igualdad de oportunidades y, esto, con voluntad política, responsabilidad social y un profundo respeto de la dignidad humana.
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