El Decreto 182/26 plantea cambios estructurales en la operación de las EPS, que implican la transferencia de afiliados entre entidades para reorganizar la cobertura territorial. Según Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de Acemi, aproximadamente 6,6 millones de personas serán trasladadas, muchas de ellas a EPS que actualmente se encuentran bajo medidas de intervención, lo que, a su juicio, incrementa la fragilidad del sistema.

Vesga reconoció que la regionalización del aseguramiento tiene sentido desde el punto de vista conceptual para mejorar la eficiencia en la atención. Sin embargo, advirtió que el decreto incumple dos condiciones esenciales: primero, los cambios estructurales requieren una ley y no pueden implementarse mediante decreto, tal como lo había señalado el Consejo de Estado en la suspensión provisional del Decreto 885. (Lea: Definen límites poblacionales para operación de EPS en el país).

La segunda condición, según la dirigente, es más crítica: el sistema de salud enfrenta actualmente fragilidad financiera y operativa, lo que pone en riesgo la atención de los pacientes, especialmente aquellos afiliados a EPS intervenidas. El traslado masivo de afiliados podría afectar la continuidad de la atención y profundizar los problemas existentes en el sistema.

Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de Acemi

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