El pasado mes de noviembre, se publicó la Directiva Presidencial 11 con el objetivo de fortalecer la divulgación de información pública a través de radiodifusión sonora y televisión comunitaria.

La orden principal dada a las entidades públicas fue destinar una partida del 33,3 % de los recursos asignados para planes de divulgación de información oficial a medios de comunicación alternativos, radiodifusión digital y nuevas tecnologías.

Al decretar la suspensión provisional de la directiva, la Sección Tercera anticipa que se viola el deber de selección objetiva, los principios de igualdad, libre competencia y la Ley Anticorrupción. Y es que al alto tribunal le llamó la atención un aparte que dispone aplicar la directiva “sin perjuicio de la observancia del Estatuto de Contratación Pública y de las directrices de austeridad del gasto público contempladas en el Decreto 199  de 2024”.

El auto de suspensión advierte que “la directiva significa la vulneración de principios esenciales del Estatuto de la Contratación Pública tales como la selección objetiva y la planeación”.

Adicionalmente, siempre según la Sección Tercera, “en la directiva no hay una sola exposición y menos aún una acreditación de que con estas medidas se asegurará la pluralidad informativa”.

Siga nuestro nuevo canal de WhatsApp. 

Gracias por leernos. Recuerde que si es suscriptor puede descargar el archivo soporte de esta noticia haciendo clic en el botón azul. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias, los datos identificadores y los documentos sin límites.