La Sección Quinta del Consejo de Estado negó la solicitud de tutela presentada por Enrique Peñalosa Londoño contra el presidente Gustavo Petro por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra.

Según el accionante, las manifestaciones del mandatario durante la sesión del consejo de ministros del 4 de febrero del 2025, según las cuales él tiene un “negocio de buses en Bogotá”, son una imputación de hecho carente de sustento, que no responde a criterios de veracidad y que vulnera de forma directa sus derechos fundamentales. 

Libertad de expresión

No obstante, el alto tribunal concluyó que no hay lugar a amparar los derechos fundamentales invocados, pues el accionante no logró desvirtuar la presunción de primacía de la libertad de expresión, cuya protección está reforzada cuando, como en este caso, se trata de un discurso político.

Y es que, agregó la Sala, no se encontró que el accionado haya hecho una concreta imputación al accionante, como sería la celebración indebida de contratos o sobre ilícitos cometidos mientras fungió como Alcalde de Bogotá.

Las apreciaciones cuestionadas no carecen de fundamento fáctico y puede sostenerse válidamente que son una crítica y parte del debate público de políticas de transporte urbano, cuyo eje es el debate entre accionante y accionado sobre los alcances e impactos del modelo Transmilenio implementado en la ciudad (M. P. Omar Joaquín Barreto Suárez).

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