El Ministerio de Vivienda modificaría la metodología de selección de beneficiarios del subsidio familiar de vivienda de interés social rural (SFVR). En ese sentido, la disposición integraría la categoría de “Sostenibilidad Social y Ambiental” en el Anexo II de la Resolución 0536 del 2020, con el propósito de alinear la política pública con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. De esta manera, se buscaría fortalecer una gestión integral del hábitat rural y la protección de áreas estratégicas para la biodiversidad.(Lea: Permisos de construcción de vivienda otorgados por resguardos indígenas deben cumplir parámetros técnicos).

Priorización de territorios biodiversos

En consecuencia, la nueva categoría de focalización priorizaría a los hogares ubicados en los denominados territorios biodiversos. Este enfoque abarcaría zonas como los territorios campesinos agroalimentarios (Tecam), los ecosistemas acuáticos agroalimentarios (EAA), los territorios étnicos constituidos (TEC) y las áreas de protección para la producción de alimentos (APPA). Asimismo, se otorgaría especial relevancia a las familias vinculadas a esquemas de pagos por servicios ambientales y a aquellas residentes en zonas de reserva campesina (ZRC), integrando este último criterio bajo una perspectiva de protección ecosistémica.

Protección del hábitat y derechos fundamentales

Por otra parte, la reforma buscaría garantizar condiciones de habitabilidad que respeten el derecho a un ambiente sano y la identidad cultural de las comunidades rurales. En ese contexto, la inclusión de nuevas variables permitiría reconocer a las poblaciones que desarrollan acciones de conservación y restauración de los recursos naturales. Así, la vivienda dejaría de concebirse únicamente como infraestructura física para proyectarse como un componente que contribuiría a la sostenibilidad de los medios de vida en el entorno rural.

Gestión técnica e interoperabilidad estatal

Para la implementación de estos cambios, la Dirección de Vivienda Rural establecería protocolos de interoperabilidad con entidades como los ministerios de Ambiente y Agricultura, así como la Agencia Nacional de Tierras. Este mecanismo facilitaría el intercambio de información oficial estandarizada, con el fin de verificar las variables de focalización de manera más ágil en el territorio. No obstante, se precisa que las modificaciones aplicarían únicamente a nuevas convocatorias, mientras que los procesos en curso mantendrían la metodología vigente al momento de su apertura.

Siga nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Gracias por leernos. Recuerde que si es suscriptor puede descargar el archivo soporte de esta noticia haciendo clic en el botón azul. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias, los datos identificadores y los documentos sin límites.