Diego Andrés Navarro Rangel
Abogado especialista

El derecho disciplinario, como manifestación del ius puniendi del Estado, debe desarrollarse dentro de un procedimiento que respete el debido proceso y garantice plenamente los derechos del disciplinado, quien ocupa una posición de vulnerabilidad frente al poder sancionador estatal.

En este contexto, el derecho disciplinario se rige por los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso. Dentro de dicho marco, la indagación previa, prevista en el artículo 208 de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), cumple una función estrictamente preliminar: permitir la identificación del posible autor de una falta disciplinaria cuando existan dudas sobre su individualización.

Sin embargo, en la práctica, algunos despachos disciplinarios han desnaturalizado esta etapa al abrir indagaciones previas incluso cuando la noticia disciplinaria ya contiene la plena identificación del presunto responsable. Esta actuación desvirtúa la finalidad de la indagación previa y da lugar a investigaciones materialmente avanzadas sin la participación del investigado, lo que resulta contrario a las garantías del debido proceso y al derecho de defensa.

El uso indebido de esta figura, además de desconocer el principio de celeridad y debido proceso fijados en la Ley 1952 de 2019, contraviene la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, que ha señalado de manera clara que la indagación previa no puede convertirse en una investigación encubierta ni en una etapa sustitutiva del proceso disciplinario formal.

En la Sentencia C-036 de 2003, la Corte estableció que solo cabe extender la indagación previa cuando hay dudas sobre la identificación del presunto responsable o en casos relacionados con derechos humanos. Cualquier otro uso es inconstitucional. La finalidad de esta etapa es estrictamente verificativa, no sustantiva.

De igual manera, la Sentencia C-728 de 2000 enfatiza que el término de seis meses no puede prolongarse indefinidamente ni supeditarse a conveniencias administrativas. El derecho del investigado a no permanecer sub judice debe prevalecer sobre la aspiración institucional de sanción. La eficiencia administrativa no justifica la vulneración del debido proceso.

Por su parte, la Sentencia C-181 de 2002 recuerda que el respeto a los plazos procesales es esencial para garantizar el debido proceso y el correcto funcionamiento de la administración pública. Los términos constituyen la base de la transparencia, celeridad e imparcialidad del procedimiento disciplinario. Su incumplimiento erosiona la legitimidad de la actuación sancionadora.

A pesar de la claridad normativa y jurisprudencial, persiste la práctica de abrir indagaciones previas en casos donde la noticia disciplinaria identifica plenamente al presunto autor. Bajo esta figura, algunos funcionarios de instrucción adelantan diligencias probatorias como: peritajes, inspecciones y declaraciones juradas, incluso del propio investigado, sin permitirle ejercer su derecho de defensa ni contradecir las pruebas recaudadas. Solo una vez agotada esta etapa irregular se dicta el auto de apertura de investigación, vinculando formalmente al disciplinado frente a un expediente prácticamente completo.

Este proceder convierte la indagación previa en una investigación paralela encubierta, violando directamente el artículo 29 de la Constitución. El derecho de defensa debe garantizarse desde la primera actuación que pueda afectar los derechos del investigado. Por ello, toda actuación material dirigida a demostrar responsabilidad disciplinaria de una persona plenamente identificada debe tramitarse dentro de la investigación formal y no bajo la apariencia de una indagación previa.

Para prevenir estas arbitrariedades, los órganos de control deben reforzar la capacitación de sus funcionarios en técnica procesal disciplinaria y adoptar directrices claras que aseguren la aplicación estricta del artículo 208, conforme a la interpretación constitucional. Estas medidas no solo protegen los derechos del investigado, sino que también fortalecen la legitimidad y transparencia del proceso disciplinario.

En consecuencia, el respeto a lo establecido en la ley y a las etapas procesales no constituye un formalismo, sino una garantía sustancial del derecho de defensa y de la transparencia del procedimiento disciplinario. Solo un proceso que cumpla estrictamente con la ley y la jurisprudencia asegura la legitimidad del ius puniendi del Estado y protege a los ciudadanos frente a arbitrariedades. La indagación previa debe mantenerse como herramienta estrictamente preliminar, evitando su desnaturalización y garantizando que toda actuación que pueda afectar derechos se tramite dentro de la investigación formal.

En conclusión, respetar los plazos y etapas procesales no es un simple formalismo, sino una garantía esencial que protege el derecho de defensa y la igualdad de armas. Permitir que se adelante investigación sustantiva bajo la apariencia de indagación previa debilita la legitimidad del poder disciplinario del Estado y abre la puerta a arbitrariedades. Solo un procedimiento disciplinario que respete estrictamente los límites de la ley y la jurisprudencia asegura que la administración de justicia sea justa, transparente y acorde con los principios constitucionales.

Siga nuestro canal de WhatsApp

Gracias por leernos. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias, los datos identificadores y los documentos sin límites.