El Gobierno nacional expidió un decreto mediante el cual se adiciona un nuevo título al Decreto 1083/15 con el propósito de establecer los lineamientos generales del Sistema Nacional de Integridad.

En este sentido, la norma desarrolla lo dispuesto en la Ley 2016/20 y define el marco institucional para fortalecer la integridad pública en todas las entidades del Estado, tanto del nivel nacional como territorial. Además, se sustenta en principios constitucionales como la moralidad, la transparencia y la eficacia en la función administrativa. (Lea: Sagrilaft y Programa de Transparencia y Ética Empresarial: el reloj ya empezó a correr)

Estructura, principios y objetivos del sistema

El decreto establece que el Sistema Nacional de Integridad está compuesto por políticas, normas, programas y herramientas orientadas a prevenir la corrupción y promover valores éticos en el servicio público. Asimismo, fija principios como la coordinación, la colaboración, la prevención, la transparencia y la publicidad, los cuales guiarán su implementación. De igual manera, se plantean objetivos enfocados en fortalecer la cultura de integridad, promover la apropiación de valores institucionales y consolidar mecanismos de seguimiento y evaluación en las entidades estatales.

Instancias de coordinación y liderazgo institucional

Por otra parte, la norma define la estructura organizacional del sistema, liderado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. En este contexto, se crean dos instancias principales: el comité coordinador y la comisión intersectorial, encargadas de diseñar, implementar y evaluar las estrategias en materia de integridad. Estas instancias articularán acciones con entidades públicas, actores privados y la ciudadanía, así como con organismos ya existentes en la lucha contra la corrupción.

Obligaciones para las entidades y enfoque preventivo

El decreto establece obligaciones específicas para las entidades públicas, entre ellas la adopción de políticas de integridad, la designación de gestores responsables y la implementación de estrategias de formación y comunicación. Igualmente, se promueve un enfoque preventivo basado en la gestión de riesgos, el control de conflictos de interés y el uso ético de la información. Con ello se busca consolidar una cultura institucional orientada al interés general y al fortalecimiento del servicio público en Colombia

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