El Gobierno expidió un decreto que reglamenta el programa de protección integral establecido en el artículo 12 del Decreto Ley 895 del 2017. Esta medida, que adiciona el Capítulo 8 al Título 1 de la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1066 del 2015, busca coordinar la implementación de políticas, acciones y medidas dirigidas a salvaguardar los derechos de los exintegrantes de las Farc-EP y del nuevo partido político surgido de su tránsito a la legalidad, incluyendo sus familias y actividades, conforme a su nivel de riesgo. (Lea: Implementación del Acuerdo de Paz avanza lentamente: Defensoría del Pueblo).

El decreto contempla tres componentes: medidas para la libertad respecto del miedo, respecto de la necesidad y para vivir en dignidad. Estas se articulan con los principios de seguridad humana, participación, enfoque territorial y diferencial, género y derechos humanos, con el objetivo de garantizar condiciones de reincorporación a la vida civil, libre ejercicio político y protección frente a amenazas. El programa tiene enfoque multisectorial e interinstitucional y atiende los compromisos asumidos en el Acuerdo Final de Paz del 2016.

La coordinación del programa está a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a través de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, y contará con el apoyo de diversas instancias interinstitucionales, como la Instancia Tripartita de Protección y Seguridad a nivel nacional, distrital, departamental y municipal. Estas estructuras tendrán la función de articular, monitorear y hacer seguimiento a las medidas de protección y prevención en los territorios, con acompañamiento de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

Gracias por leernos. Recuerde que si es suscriptor puede descargar el documento soporte de esta noticia en el menú superior. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias, los datos identificadores y los documentos sin límites.