El Gobierno expidió un decreto mediante el cual se establecen las disposiciones necesarias para la implementación y funcionamiento de los territorios indígenas en Colombia. Esta normativa tiene como propósito principal definir los lineamientos fiscales, administrativos y de articulación institucional que permitan el ejercicio pleno de las competencias asignadas a las estructuras de gobierno propias de dichos territorios.

Asimismo, el decreto contempla la delimitación territorial correspondiente, así como los mecanismos de financiación requeridos para asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

Según la norma, los territorios indígenas son reconocidos como entes político-administrativos de carácter especial, con competencias constitucionales y legales propias. La entrada en funcionamiento de estos territorios se formalizará mediante los procedimientos definidos en el decreto, a partir del mandato de las autoridades de gobierno indígena, como la asamblea o su órgano equivalente. Su actuación se orientará por sus conocimientos, costumbres, sistemas normativos propios y la legislación nacional vigente. (Lea: Gobierno oficializa sistema indígena de salud propia e intercultural)

El decreto también detalla una serie de principios que orientarán su interpretación e implementación. Entre estos se destacan el desarrollo propio, la diversidad cultural y ambiental, la autodeterminación, la coordinación entre niveles territoriales, la complementariedad, la equidad social y el equilibrio territorial. Asimismo, se hace énfasis en la inclusión, la protección de derechos, la prevalencia de sistemas regulatorios propios, la territorialidad y la integralidad del enfoque indígena.

En este sentido, el Gobierno resalta que el funcionamiento de los territorios indígenas será voluntario y progresivo. Esto implica que cada pueblo podrá decidir autónomamente cuándo y cómo asumir las competencias establecidas, sin afectar sus estructuras internas. El decreto también establece que la progresividad será un principio clave en el fortalecimiento de la autonomía, la libre determinación y el desarrollo sostenible, asegurando que las medidas adoptadas no sean regresivas en cuanto a derechos.

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