Gobierno definió reglas para implementar planes de gestión de riesgos agropecuarios
El incentivo al seguro agropecuario será clave para respaldar actividades agrícolas, pecuarias, forestales, acuícolas y apícolas durante el año 2025.
13 de Mayo de 2025
El Ministerio de Agricultura expidió una resolución que establece los lineamientos estratégicos para la implementación de los planes anuales de gestión de riesgos agropecuarios (Pagra). Esta norma tiene como propósito promover una gestión integral del riesgo mediante mecanismos de conocimiento, reducción y manejo de amenazas que afectan la producción rural, especialmente para los pequeños productores de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. La financiación se realizará a través del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios, con recursos del presupuesto nacional.
Dentro del plan se reconocen los principales riesgos a enfrentar, como fenómenos naturales, biológicos, sanitarios, de mercado y antrópicos. En consecuencia, se refuerzan instrumentos como el incentivo al seguro agropecuario (ISA), cuyos valores máximos asegurables fueron actualizados por tipo de actividad. Por ejemplo, cultivos de ciclos cortos podrán asegurarse hasta por $ 40 millones por hectárea, mientras que la apicultura tendrá un tope de más de $ 12 millones por colmena. Estos valores serán ajustables anualmente conforme al índice de precios al productor. (Lea: Proyecto que reglamenta jurisdicción agraria desconoce competencias del Consejo de Estado: Sala de Consulta)
La resolución también establece requisitos técnicos para acceder a los incentivos, según el tipo de actividad productiva. Adicionalmente, se prohíbe otorgar el ISA a proyectos localizados en zonas de riesgo no mitigable o de protección ambiental. Se incorporan nuevos programas de fomento como el incentivo integral (IIGRA) y el incentivo de capitalización (ICGR), dirigidos a fortalecer capacidades de prevención y resiliencia de los productores frente a fenómenos climáticos extremos, en especial en municipios PDET y zonas con alta exposición al riesgo.
Además, la normativa promueve acciones de divulgación, capacitación y educación financiera, al tiempo que refuerza la implementación de líneas especiales de crédito, programas de reactivación agropecuaria y mecanismos de seguimiento técnico y financiero.
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