El Ministerio de Minas estableció reglas generales para implementar mecanismos de contratación a largo plazo en el sector eléctrico. Esta normativa se fundamenta en disposiciones constitucionales y legales que obligan al Estado a garantizar la prestación eficiente, continua y segura del servicio público de energía, considerado esencial para la población. Asimismo, se articula con el Decreto 1091 de 2025, que define lineamientos de política pública para fortalecer la planificación energética y asegurar el abastecimiento de la demanda futura.(Lea: Definen alivios para servicios de gas y energía en zonas afectadas por inundaciones).

Impulso a la transición energética y diversificación de la matriz

En ese sentido, la resolución promueve la incorporación de fuentes no convencionales de energía renovable, con el objetivo de diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de tecnologías tradicionales. Estudios de la Unidad de Planeación Minero Energética evidencian la necesidad de ampliar la capacidad de generación para atender el crecimiento de la demanda, así como de incorporar tecnologías como la solar, eólica y sistemas de almacenamiento. De igual forma, el marco normativo busca contribuir al cumplimiento de metas climáticas y al desarrollo sostenible, en línea con compromisos internacionales.

Estructura del mecanismo y participación de agentes

Por otra parte, la resolución define el funcionamiento de los mecanismos de contratación, incluyendo la participación voluntaria de compradores y vendedores dentro del Mercado de Energía Mayorista. Se establecen obligaciones para ambas partes, así como la posibilidad de designar una persona jurídica encargada de ejecutar, administrar y supervisar el proceso. Además, se contemplan condiciones de competencia, requisitos de precalificación, garantías y reglas para la adjudicación de contratos mediante algoritmos que priorizan la eficiencia y la trazabilidad.

Garantías, control y transparencia del proceso

El documento establece un esquema de garantías orientado a respaldar la seriedad de las ofertas, el cumplimiento contractual y la operación de los proyectos adjudicados. Estas garantías deben cumplir principios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad económica para evitar barreras de acceso al mercado. También se incluyen mecanismos de auditoría, seguimiento y publicación de resultados, con el fin de asegurar la transparencia, la libre competencia y la confiabilidad del sistema eléctrico en el país.

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