A 31 de diciembre del 2024, la deuda acumulada por servicios de salud asciende a $ 32,9 billones, lo que para la Contraloría General de la República evidencia la insostenibilidad financiera del sistema.

Para el ente de control fiscal, las medidas de intervención forzosa de la Superintendencia de Salud no han logrado resolver los problemas de las EPS.

Adicionalmente, 16 EPS presentan problemas de liquidez que limitan su capacidad de responder a sus obligaciones inmediatas.

De las 29 EPS activas, únicamente seis cumplen con los tres indicadores de habilitación financiera (capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión en reservas técnicas), pero tienen apenas un cubrimiento del 10,92 % de los afiliados. El resto de la población afiliada (89,08 %) está en EPS que incumplen uno o más de estos requisitos.

Según el informe de la Contraloría, los indicadores críticos de solvencia son:

•    15 EPS no cumplen con el capital mínimo.

•    14 EPS incumplen el patrimonio adecuado.

•    22 EPS no invierten sus reservas técnicas como exige la norma.

Las EPS adeudan $ 2,8 billones a operadores farmacéuticos, a pesar que en la vigencia 2024 les fueran pagadas cerca del 90 % de la facturación (13,3 de 14,7 billones de pesos), lo que ha afectado la entrega oportuna de medicamentos y se ha convertido en la principal causa de PQR.

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