El Ministerio de Transporte  estableció los criterios técnicos para identificar y gestionar los puntos de alta accidentalidad en el país. Esta normativa adopta definiciones precisas y metodologías estandarizadas para localizar segmentos viales donde se concentra la pérdida de vidas o lesiones, cumpliendo así con lo dispuesto en la Ley 2251 de 2022, conocida como "Ley Julián Esteban". 

La resolución introduce categorías específicas para la clasificación de la infraestructura según su peligrosidad: el punto crítico, definido por concentraciones de siniestros en segmentos de hasta 100 metros en zonas urbanas y 500 metros en rurales; el sector crítico, que abarca áreas de hasta 1.000 metros; y el tramo crítico, que comprende trayectos de hasta 5.000 metros en carreteras rurales. Esta categorización permite a las autoridades locales y administradores viales priorizar intervenciones basadas en datos objetivos y una medición precisa de la extensión del riesgo.

El documento técnico integrado en la norma establece que la identificación de estas ubicaciones no se limita al conteo de incidentes, sino que incorpora variables como la exposición al riesgo y el Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA). Al considerar la probabilidad de ocurrencia de un siniestro en relación con el flujo vehicular, el Estado colombiano busca transitar hacia un "Sistema Seguro" y la "Visión Cero", donde el diseño y la conservación de la infraestructura actúen como mecanismos preventivos para proteger la vida de los usuarios. (Lea: La eficacia simbólica de la Ley 2251 de 2022 en la seguridad vial)

La aplicación de estas nuevas directrices será coordinada entre las entidades territoriales y nacionales, bajo el acompañamiento técnico de la ANSV. Por su parte, la Superintendencia de Transporte asumirá las funciones de vigilancia y control sobre los operadores y administradores de la infraestructura vial para asegurar el cumplimiento de la resolución. Este marco regulatorio rige en todo el territorio nacional y abarca desde vías urbanas hasta carreteras nacionales, consolidando una política pública orientada a la mitigación de la siniestralidad.

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