Glênio S. Guedes
Abogado de Brasil

Nunca como ahora el Derecho se había visto tan urgido de responder, con serenidad y sensatez, a los embates de las tecnologías emergentes. En el centro de esa tormenta que se avecina –o que ya nos habita– está la inteligencia artificial (IA), cuyas aplicaciones avanzan a paso de gigante mientras las leyes aún se escriben con pluma de tinta lenta.

En América Latina, Brasil y Colombia representan dos rutas distintas, pero no opuestas, en la búsqueda de una regulación ética y eficaz. Sin embargo, ambos países navegan bajo la influencia del modelo europeo, especialmente del Artificial Intelligence Act (AI Act), aprobado por la Unión Europea en mayo de 2024 como la primera legislación integral sobre IA en el mundo.

El modelo europeo como referencia global

El AI Act establece un marco normativo robusto de 113 artículos, basado en una clasificación de riesgos que va desde sistemas prohibidos hasta aquellos de riesgo mínimo. Esta aproximación por niveles de riesgo, junto con sus efectos extraterritoriales, genera lo que la doctrina especializada denomina “efecto Bruselas”: la tendencia de que regulaciones europeas se conviertan en estándares globales, como ya ocurrió con la protección de datos.

Brasil parece haber comprendido esta dinámica. El Proyecto de Ley 2338 de 2023, aprobado por el Senado y en trámite en la Cámara, sigue claramente el modelo europeo al clasificar sistemas de IA por niveles de riesgo y establecer deberes de transparencia y gobernanza algorítmica. Desde 2021, el país también cuenta con una Estrategia Nacional de IA que articula política pública con desarrollo legislativo.

Colombia: participación sin legislación

Colombia presenta un panorama paradójico. La legislatura 2024-2025 cerró con un saldo decepcionante: de 10 proyectos sobre IA presentados, nueve se archivaron sin debate. Solo sobrevivió una iniciativa que penaliza la suplantación de identidad mediante IA. Las propuestas sobre interoperabilidad, evaluación de impacto y uso ético de algoritmos quedaron en el camino.

No obstante, Colombia ha desarrollado espacios de participación valiosos. El Conpes 4144 de 2025 establece una Política Nacional de IA con horizonte 2030, y la Mesa Multiactor sobre IA, liderada por universidades, genera debates que el Congreso no alcanza a procesar. El desafío está en convertir estas buenas ideas en normas jurídicas vinculantes.

Lecciones del proceso europeo

La experiencia europea ofrece lecciones valiosas para la región. El AI Act tardó seis años en concretarse (desde las primeras discusiones en 2018 hasta su aprobación en 2024), pasando por intensas negociaciones que incluyeron la emergencia de modelos como GPT y las IA de propósito general. Este proceso demuestra que la regulación de IA requiere tiempo, consensos amplios y capacidad de adaptación a desarrollos tecnológicos acelerados.

Ambos países latinoamericanos reconocen que no se trata solo de regular para controlar, sino de regular para generar confianza: confianza de ciudadanos en los sistemas, de inversores en el entorno jurídico y de Estados en sus capacidades para no quedarse atrás en la revolución digital.

El riesgo de la omisión

Comparando las experiencias, podríamos decir que Colombia ha tejido redes de participación mientras Brasil ha forjado herramientas legislativas. Pero el riesgo compartido está en que la urgencia se diluya en el ruido electoral o en la captura de intereses particulares.

El efecto extraterritorial del AI Act significa que empresas latinoamericanas que operen con datos o usuarios europeos deberán cumplir sus estándares de cualquier forma. La pregunta es si nuestros países aprovecharán esta coyuntura para desarrollar marcos propios coherentes o simplemente se limitarán a cumplir regulaciones foráneas.

Regular la IA no es frenar el progreso; es marcar el camino para que el progreso no se vuelva contra nosotros. Con marcos claros, adaptables y centrados en derechos humanos, América Latina puede dejar de ser espectadora y convertirse en protagonista del nuevo orden digital.

Colombia y Brasil, si se observan con humildad, pueden aprender mucho uno del otro: de sus experiencias, aciertos y también de sus silencios. El modelo europeo les ofrece una hoja de ruta probada, pero cada país debe adaptarla a sus realidades institucionales y sociales.

Estamos a tiempo. Pero no por mucho.  

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