La Procuraduría General de la Nación aprobó el acuerdo conciliatorio que celebró la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) con Saludcoop EPS para que fueran revocadas las resoluciones 296 y 983 del 2010, en las que se ordenaba a la EPS convertir más de $318.000 millones para la atención en salud de sus afiliados. Saludcoop se comprometió a no iniciar reclamaciones de tipo patrimonial, económico y de responsabilidad por los daños y perjuicios, avaluados en $650.000 millones, que costaría cumplir con las órdenes de la Supersalud. Además de la vulneración al debido proceso, el Ministerio Público encontró que, en el proceso de investigación iniciado a la EPS, la indebida utilización de recursos que la superintendencia le endilga a Saludcoop se hace de manera genérica, sin que exista discriminación y cuantificación de las inversiones realizadas y sin que se determine si dichas inversiones estaban o no permitidas. Sin embargo, la Procuraduría indicó, en oficio enviado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que la superintendencia debe reiniciar estas investigaciones.