El Consejo de Estado negó la nulidad de la Resolución 548 del 2010, proferida por el Ministerio de la Protección Social al amparo de la emergencia social por el grave estado del sistema de salud, que reglamenta el Decreto Legislativo 128 del 2010, decreto declarado exequible por medio de la Sentencia C-288 del mismo año. La Sala Plena aclaró que, independientemente de la suerte de ese decreto con fuerza de ley en sede del control de constitucionalidad, los preceptos expedidos bajo su vigencia deben ser objeto de control judicial de legalidad, con reglas distintas al juicio que le compete a la Corte Constitucional. Por esta razón, la corporación analizó y encontró ajustadas a derecho la reglamentación de los comités técnico científicos y el procedimiento de radicación, reconocimiento y pago de recobros ante el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga). Sin embargo, anuló la expresión “rige a partir de su expedición”, pues los actos administrativos rigen a partir de su publicación (C.P. Ruth Stella Correa Palacio).