La Corte Constitucional acogió la postura jurisprudencial según la cual la actuación del juez de familia que decide la homologación de una resolución de adoptabilidad implica no solo la verificación del procedimiento administrativo, sino también la garantía y protección del interés superior del menor involucrado, así como los derechos de los familiares. En esa medida, los derechos de los padres y de los demás miembros de la familia deben ser evaluados en función del mencionado interés superior. Por otra parte, el alto tribunal recordó que dada la existencia del derecho fundamental prevaleciente a tener una familia y no ser separado de ella y la protección de la familia como institución social básica, las autoridades o particulares no pueden intervenir en su fuero interno, sin que existan razones de peso previamente establecidas en el ordenamiento jurídico que así lo justifiquen (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).