La Corte Constitucional recordó que el agua es un derecho fundamental, que puede ser objeto de protección mediante acción de tutela, pues adquiere un valor sin precedente en un Estado social de derecho. Así, toda persona tiene el derecho a que se le respete, proteja y garantice la posibilidad de disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Con estos argumentos, la corporación tuteló este derecho a una población de Arbeláez (Cundinamarca), toda vez que la alcaldía del municipio no había dado respuesta adecuada a la solicitud de los accionantes y el agua que recibían no era apta para el consumo humano (M.P. María Victoria Calle Correa).