El Consejo de Estado señaló que en los contratos de administración delegada se adquieren servicios de alguien capacitado y calificado para que construya, mantenga o realice cualquier trabajo material dirigido a ejecutar el objeto contractual, en nombre del contratante. La naturaleza de estos contratos es propia de un mandato, pues a través de aquel una persona confía en la gestión de uno o más negocios a otra, por cuenta y riesgo de la primera. En esa medida, el mandante es quien debe responder por el impuesto de renta, aclaró. Además, porque el contribuyente es aquel que adquiere o compra el bien o servicio. En el fallo, la corporación se refirió a la procedencia de la devolución del impuesto sobre las ventas a favor de las entidades que hubieren pagado dicho tributo en la adquisición de materiales para la construcción de vivienda de interés social (C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez).