La Corte Constitucional admitió una demanda contra el artículo 32 parcial del Decreto 2591 de 1991, el cual establece que en el trámite de la impugnación de la acción de tutela se deberá proferir el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. A juicio del demandante, este término excede la naturaleza expedita que debe imperar en el trámite de la acción constitucional, ya que en primera instancia el término de decisión es de máximo 10 días. Por lo anterior, solicita la declaratoria de inexequibilidad y adicionar el artículo en el sentido de igualar los términos en ambas instancias (Demandante: Carlos Felipe Rojas Florez).