Ordenan medidas de seguridad para excombatientes que comparecerán a audiencia de reconocimiento

La Corte Constitucional ordenó medidas urgentes de seguridad para evitar una doble vulneración de los derechos fundamentales de los excombatientes del antiguo comando conjunto central de las extintas FARC-EP que comparecerán a la audiencia de reconocimiento del macrocaso 01 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se llevará a cabo el próximo 26 de abril en Ibagué.

La JEP abrió dicho macrocaso en 2018, en relación con la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc-EP. En su proceso investigativo, se han logrado identificar 21.396 víctimas de secuestro con nombre y cédula. La apertura tuvo lugar con base en los informes que entregó la Fiscalía sobre “Inventario de casos relacionados con el conflicto armado” y "Retenciones ilegales realizadas por parte de las FARC-EP".

Para la Sala de Seguimiento a la Sentencia SU-020 del 2022, que declaró el estado de cosas inconstitucional en materia de seguridad para la población firmante del Acuerdo de Paz en proceso de reincorporación, las audiencias de reconocimiento son una de las diligencias más importantes, pues es el escenario de reconocimiento público y de rendición de cuentas de los excombatientes en proceso de reincorporación ante las víctimas y la sociedad.

Protección transitoria

Entre otras órdenes, el director general y el subdirector especializado de seguridad y protección de la Unidad Nacional de Protección deberá llevar a cabo un trámite de emergencia para atender la situación de los comparecientes y adoptar e implementar medidas de protección transitorias y complementarias para garantizar la comparecencia segura y efectiva de los firmantes a la audiencia de reconocimiento.

Así mismo, se ordenó al Ministerio de Defensa, a la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, a la Policía Metropolitana de Ibagué, al Comando Conjunto Estratégico de Transición del Comando General de las Fuerzas Militares, a la División Quinta y a la Sexta Brigada del Ejército Nacional reforzar estrategias y protocolos para garantizar condiciones estructurales de seguridad, con el fin de que la JEP pueda realizar la diligencia sin riesgos de seguridad para quienes asistan.

Finalmente, se ordenó a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización atender y coordinar el traslado de los proyectos productivos para algunos firmantes debido a su desplazamiento forzado por amenazas contra su vida, integridad y seguridad personal. El incumplimiento a las órdenes proferidas podrá dar lugar a responsabilidad disciplinarias o penal. En el documento adjunto puede consultar el soporte de esta nota.

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