Mediante una acción de tutela, la Corte Constitucional impartió una serie de obligaciones a diferentes entidades del Estado para que, cuanto antes, solucionen la grave crisis que sufre la población carcelaria. El alto tribunal declaró que la política criminal colombiana ha sido reactiva, populista, poco reflexiva, incoherente y subordinada a la política de seguridad; argumentó lo anterior con un análisis de  las principales complicaciones que se viven a diario en los centros en donde permanecen recluidas las personas privadas de la libertad. Al respecto, determinó las siguientes dificultades en esta reiteración del estado de cosas inconstitucional: i) problemáticas estructurales en la desarticulación de la política criminal, ii) hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos; iii) reclusión conjunta de personas sindicadas y condenadas; iv) falta de articulación de las entidades territoriales y el Ministerio de Justicia; v) sistema de salud del sector y vi) las condiciones de salud e higiene en la mayoría de los establecimientos, todas constituyentes de tratos crueles e inhumanos propiciados por el Estado. Así, la Sala profirió una serie de mandatos estructurales  con órdenes de carácter particular, y  general al Congreso, al Gobierno, a la Fiscalía General de la Nación y al Inpec, que buscan soluciones efectivas y garantistas para la situación descrita. Finalmente, el liderazgo para el cumplimiento de estas  medidas estará a cargo de la Defensoría del Pueblo y su vigilancia y control, en manos de la Procuraduría General de la Nación (M.P. Gloria Stella Ortiz).