La Policía de Infancia y Adolescencia y las instituciones educativas, así como las administraciones de los niveles nacional, departamental y municipal, como ejecutoras de las políticas públicas en sus jurisdicciones, en cumplimiento del mandato de protección contra el tráfico y consumo de sustancias sicoactivas por parte de menores de edad pueden planificar y ejecutar en el marco de sus competencias actividades tendientes a la prevención de dichas conductas, como puede ser la realización de campañas pedagógicas, de vigilancia y control fuera de los establecimientos educativos y los operativos de registro en dichas instituciones, indicó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estas actividades pueden ejecutarse de manera individual o conjunta, pero conforme a unos protocolos previamente establecidos, concertados y aprobados por la autoridad de policía y la comunidad educativa, atendiendo restricciones legales y el respeto por los derechos fundamentales de los menores de edad.