De acuerdo con la sentencia C-209 del 2007, es dable que la víctima se oponga a la preclusión de la investigación y puede hacerlo posteriormente a la intervención del fiscal, luego de conocer las razones aducidas por este. Así lo manifestó la Corte Suprema de Justicia, al tiempo que advirtió que de no permitirse la práctica de pruebas como ejercicio de oposición a una petición de preclusión, se harían nugatorios los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. La corporación aclaró que el plan metodológico desarrollado por la fiscalía no puede ser objeto de descubrimiento (M.P. Yesid Ramírez Bastidas).