La Corte Constitucional declaró inexequibles, por consecuencia, los decretos 4976 del 2009 y 133 del 2010, expedidos dentro del estado de emergencia social, que dispusieron la liberación de recursos para conjurar la crisis del sector salud. Según el alto tribunal, estas normas no regulaban materias referentes a fuentes tributarias de financiación del sistema de seguridad social, por lo que no procedía su inclusión dentro del diferimiento de los efectos de inconstitucionalidad (M. P. Mauricio González Cuervo).