Avanza reforma que eliminaría la conexidad del secuestro y el narcotráfico con el delito político

Con 106 votos a favor y 26 en contra, fue aprobado en segundo debate el proyecto de acto legislativo 072 del 2018, por medio del cual se adicionan dos artículos a la Constitución Política.

Esta iniciativa estipula que en ningún caso el delito del secuestro, ni los delitos relacionados con la fabricación, tráfico o porte de estupefacientes serán considerados delitos políticos o conductas conexas a estos.

Así mismo, no podrá existir amnistía o indulto para quienes promuevan, faciliten, apoyen, financien u oculten cualquier delito que atente contra el régimen constitucional y legal. (Lea: Estas son las cinco reformas a la Constitución que pide el nuevo Gobierno)

Para la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, esta reforma, a la que le faltan seis debates, conlleva un mensaje muy positivo para el país. Precisamente, la funcionaria expresó que "Nunca más vamos a permitir que el narcotráfico y el secuestro se escuden en el delito político".

Delitos políticos

Debe recordarse que la iniciativa ha sido fundamentada por las carteras de Justicia y del Interior en el hecho que en el orden constitucional colombiano no existe un concepto de lo que es delito político, así como tampoco de aquellos delitos que pueden ser considerados conexos a los delitos políticos.

Al respecto, sus ponentes aseguran que son decisiones judiciales las que han aportado elementos útiles para determinar lo que debe considerarse delito político, no en un intento de definirlo, sino para determinar los límites que tendría el legislador al emplear un concepto así de indeterminado. (Lea: Conozca las principales decisiones de la Corte sobre la Ley de Indulto y Amnistía)

No obstante, precisan que aunque la Constitución no aporte mayores elementos en su definición, no significa que en nuestro orden constitucional no existan (o puedan establecerse) límites a la libertad del Congreso para reconocer ciertas conductas como delitos políticos para los específicos propósitos de reconocer amnistías o indultos.

Por todo lo anterior, califican el proyecto de acto legislativo como un elemento clave en la política criminal del Estado colombiano, a la vez que envía un mensaje claro de cara a las futuras negociaciones de paz que entable el Gobierno con grupos subversivos.

Y, finalmente, resaltan que no contradice ningún elemento que pueda entenderse definitorio de nuestro orden constitucional, respecto de la naturaleza de las conductas relacionadas con la fabricación, el tráfico o el porte de estupefacientes.