Reforma a la justicia se debate hoy, Fiscalía advierte que habrá excarcelación masiva

Hoy, la plenaria del Senado adelantará el segundo debate al proyecto que busca reformar la Constitución Política en materia de administración de justicia. La iniciativa cuenta con cuatro ejes:

 

(i)La eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y su remplazo con un nuevo sistema de gobierno y administración de la Rama judicial

 

(ii)La regulación de la investigación y juzgamiento de aforados

 

(iii)El acercamiento de la justicia al ciudadano, incluyendo medidas de descongestión, eficiencia judicial y seguridad jurídica

 

(iv)El mejoramiento de las calidades de los magistrados de altas cortes, a través de requisitos, formas de elección e inhabilidades.

 

El texto aprobado en la Comisión Primera del Senado tiene 21 artículos, pero la ponencia sube a 29 las disposiciones. (Lea: Semana definitiva para la reforma a la justicia en el Senado)

 

Algunas modificaciones propuestas son:

 

Artículo 1º:  el texto aprobado señala que en ningún caso podrá haber detención, prisión, ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles. Además, “que nadie podrá ser privado de la libertad mediante una medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por más de un año, salvo excepciones que determine la ley estatutaria (…)”.

 

Ahora se agregó que “el ejercicio de la acción penal, en los delitos que atenten contra la vida, la libertad, integridad y formación sexuales, cuando la víctima sea un menor de edad, es imprescriptible hasta el momento en que el autor o participe sea vinculado al proceso”.

 

En el artículo 12 la modificación indica que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos por la respectiva corporación, previa audiencia pública de lista de 10 elegibles enviada por la comisión de carrera judicial y elaborada por convocatoria pública, y no “mediante procesos de meritocracia”.

 

Igualmente, en la composición de estas corporaciones la mitad provendrá de la Rama Judicial y el Ministerio Público y la otra mitad se distribuirá en equilibrio entre quienes provienen del ejercicio profesional público o privado y la academia.

 

En el artículo 24 de la ponencia se cambió la expresión “periodos institucionales” por periodo institucional, quedando así: “la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General se ejercerá por un auditor elegido para un periodo institucional”.

 

Por otro lado, se advirtió que los miembros de la Comisión de Disciplina deberán ser elegidos y posesionarse dentro de los tres meses siguientes a la promulgación del acto legislativo, de ser aprobado. (Lea: Reforma a la justicia supera el primer debate, no se aprobó comisión de aforados)

 

El Gobierno tendría el año siguiente a la expedición de la reforma para presentar proyectos que, entre otras cosas, desjudicialicen algunos asuntos conocidos por autoridades administrativas y particulares y para el ejercicio de funciones disciplinarias por uno o varios colegios de abogados        

 

Fiscal quiere evitar excarcelación

 

Frente al artículo 1º de la propuesta, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le envió una carta al presidente del Senado, Ernesto Macías, donde le indica que la mencionada propuesta afecta sensiblemente la acción del Estado contra el delito, toda vez que implica una reforma radical de la Ley 1908 del 2018, por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales y se adoptan medidas para su sujeción a la justicia.

 

Además, expone a la ciudadanía a los riesgos de una "excarceración masiva de delincuentes de alta peligrosidad sin precedente alguno”. Asegura Martínez que “la rigidez normativa queda en evidencia al consagrarse que solo una ley estatutaria podrá ampliar el término de detención preventiva a un máximo de 18 meses, lo que (además de irrisorio) implicará que la reforma entre en vigencia inmediata y las previsiones de excepción se podrían tardar a lo menos un año para su expedición”.

 

Con estos y otros argumentos, le solicita al Senado evaluar el impacto que tendría la entrada en vigencia de la reforma constitucional propuesta, con miras a garantizar los derechos de las víctimas y la sociedad y evitar el permanente suceso de excarcelaciones masivas, con detrimento de la seguridad colectiva y afectando la percepción ciudadana sobre la eficacia del sistema penal colombiano.

 

Senado, Informe de ponencia P. A. L. 021/18S-017/18S-022/18S.