Estas son las novedades de la propuesta de prórroga a Ley de Orden Público

El Ministerio del Interior radicó el proyecto de ley que busca prorrogar, por cuatro años, la Ley 418 de 1997 (Ley de Orden Público), prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999, 782 del 2002, 1106 del 2006, 1421 del 2010 y 1738 del 2014.

El hecho que motiva la propuesta es que las disposiciones de la Ley 418 para enfrentar y derrotar de manera efectiva la ilegalidad vencen el próximo 18 de diciembre. (Lea: Gobierno sanciona reforma a la Ley de Orden Público).

Sin esta herramienta, dice la exposición de motivos, el Gobierno encontraría mayores obstáculos para consolidar la política de seguridad de las ciudades y de las zonas rurales, de manera que no podría responder oportunamente a las acciones de los grupos armados al margen de la ley y a los casos de alteración del orden público.    

De acuerdo con el articulado, el Consejo de Seguridad Nacional podrá declarar zonas estratégicas de intervención integral a regiones afectadas por la criminalidad, con el fin de proteger a la población y garantizar una acción unificada, coordinada, sostenida e integral del Estado. Así mismo, el mencionado organismo establecería los requisitos para adelantar diálogos conducentes a acuerdos para la desmovilización, desarme y reintegración de grupos armados organizados al margen de la ley.

En cualquier caso, será indispensable demostrar la voluntad de disolución, el desarme absoluto y la reinserción efectiva a la vida civil, para lo cual se requerirán actos que conduzcan a la celebración de diálogos y suscripción de acuerdos, tales como liberación de secuestrados, cese de actividades criminales y fin del reclutamiento de menores.

De otra parte, se crearía el Centro de Coordinación Contra las Finanzas de Organizaciones de Delito Transnacional y Terrorismo, cuya labor consistirá en garantizar un efectivo desmantelamiento de las redes de dinero y bienes de origen ilícito o empleados en actividades ilícitas, lavado de activos y financiación del terrorismo.

Todas las armas de fuego, incluso las que hayan sido amparadas en cualquier tiempo con permiso de tenencia, porte y especiales, como requisito para su comercialización, deberán ser empadronadas y el costo corresponderá al solicitante. Así, se crearía el Registro Nacional de Identificación Balística, a cargo del Ministerio de Defensa Nacional.

Con el fin de prevenir la comisión de conductas delictivas, el Gobierno reglamentaría las condiciones de instalación, fabricación, comercialización, importación, exportación, transporte, distribución, adquisición, almacenamiento, venta, suministro, reparación, publicidad, marketing y uso de inhibidores, bloqueadores y amplificadores de señales radioeléctricas.

Congreso de República, proyecto de ley 188C, Oct. 2/18.