El Ministerio de Salud expidió una normativa integral que establece los criterios técnicos constructivos y de seguridad para todos los establecimientos e inmuebles con piscinas y estructuras similares en el territorio nacional. Esta medida surge como respuesta a las estadísticas del Dane, que reportaron más de 6.800 muertes por ahogamiento entre 2005 y 2022, afectando principalmente a la población infantil.

La norma busca mitigar riesgos, prevenir accidentes y proteger la vida de los usuarios mediante la estandarización de infraestructuras y protocolos de operación. (Lea: Minsalud fija parámetros sanitarios obligatorios para piscinas y estructuras recreativas acuáticas)

La resolución reglamenta aspectos críticos como la profundidad de los estanques, la inclinación de los pisos, que deben ser obligatoriamente antideslizantes, y la instalación de dispositivos de seguridad homologados. Para operar, los responsables de piscinas de uso colectivo deben obtener un certificado de cumplimiento de normas de seguridad, el cual tendrá una vigencia de cuatro años. Este documento requiere la presentación de planos técnicos, memorias de construcción, planes de seguridad integral y conceptos sanitarios actualizados, asegurando que cada instalación cuente con sistemas hidráulicos y eléctricos que cumplan con los reglamentos técnicos vigentes.

En cuanto al talento humano, la normativa exige que los establecimientos cuenten con operarios de mantenimiento y salvavidas debidamente certificados por instituciones como el Sena o entidades acreditadas. El número de salvavidas deberá ser proporcional al área de la lámina de agua, garantizando al menos un profesional por cada 312 metros cuadrados. Asimismo, se hace obligatorio el uso de reglamentos visibles que prohíban el ingreso de menores de 12 años sin supervisión, el consumo de alcohol y la realización de maniobras peligrosas como clavados en zonas de baja profundidad.

El Ministerio de Salud introduce criterios de sostenibilidad ambiental, instando a los propietarios a implementar medidas de eficiencia energética y un uso racional de productos químicos para el tratamiento del agua. Se establece un régimen de transitoriedad que otorga un plazo de hasta un año para que los establecimientos en funcionamiento realicen las adecuaciones necesarias, siempre que estas no impliquen cambios estructurales profundos. El incumplimiento de estas disposiciones facultará a las autoridades municipales y distritales para imponer sanciones administrativas y ordenar el cierre de las instalaciones.

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