El Gobierno nacional reglamentaría un nuevo esquema tarifario para la inscripción y renovación en el Registro Único de Proponentes (RUP), con el propósito de facilitar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en los procesos de contratación pública.

El proyecto de decreto, liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación, establecería criterios de progresividad para calcular las tarifas y remplazaría el actual modelo basado en valores fijos. (Lea: Empresario debe reintegrar dinero por servicio no prestado, sin descuentos, ni retenciones)

La propuesta señala que la inscripción al RUP tendría un costo equivalente a una Unidad de Valor Básico (UVB), mientras que la renovación dependería del valor de los contratos celebrados con el Estado durante el año anterior. Según la memoria justificativa del proyecto, cerca del 96,4 % de las Mipymes que contratan con entidades públicas pagarían menos frente al esquema vigente, lo que podría disminuir las barreras económicas para ingresar o mantenerse en el sistema de compras estatales.

El análisis técnico incluido en el documento evidenciaría que el actual recaudo del RUP depende principalmente de tarifas uniformes aplicadas a todos los proponentes, sin distinguir su capacidad económica o nivel de contratación estatal. Con la nueva fórmula progresiva, el recaudo proyectado para las cámaras de comercio disminuiría entre 72 % y 74 %, aunque el Gobierno sostendría que el registro no representa una fuente esencial de ingresos para estas entidades y que el impacto financiero sería manejable frente a los beneficios esperados para la formalización empresarial.

Entrada en vigencia desde 2027

El proyecto de decreto indica que las nuevas disposiciones entrarían en vigor a partir del 1° de enero del 2027, luego de surtir el proceso de consulta pública adelantado por el Ministerio de Comercio. Además, el documento señala que las tarifas serían calculadas en UVB y no en UVT, en línea con las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. La iniciativa también busca fortalecer la formalización, ampliar la pluralidad de oferentes y promover una mayor participación de pequeñas empresas en las compras públicas del país.

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