Esteban Jiménez
Socio de Deloitte Legal

El Congreso de la República promulgó la Ley 2437 de 2024, mediante la cual se establece un marco legislativo permanente que incorpora los decretos legislativos 560 y 772 de 2020, así como los decretos reglamentarios 842 y 1332 de 2020, en materia de insolvencia empresarial. Esta normativa tiene como propósito principal poner a disposición de las empresas herramientas jurídicas que les permitan mantener su operatividad mientras gestionan sus pasivos de forma viable y conforme con la ley. Entre los mecanismos contemplados se destacan la capitalización de pasivos, la descarga de deudas y los acuerdos de deuda sostenible, entre otros.

Más allá de describir el alcance de esta ley, el propósito de este artículo es invitar a los distintos grupos de interés a trabajar conjuntamente en la construcción de un entorno que permita a inversionistas o compradores estratégicos inyectar recursos a compañías en situación de insolvencia en Colombia, sin el temor fundado de no recuperar su inversión.

El régimen de insolvencia colombiano parte de condiciones de admisión relacionados con el flujo de caja, lo cual se convierte en un factor determinante. Sin embargo, el verdadero reto no es el cumplimiento de dichos presupuestos, sino el hecho de que operar sin caja es, sencillamente, inviable. Por esta razón, en EE UU se hace referencia a la teoría del melting ice cube en estos procesos, donde la compañía debe buscar activamente liquidez día a día para sobrevivir. En este contexto, es común elaborar proyecciones de flujo de caja con cierres diarios para cumplir obligaciones mínimas.

Una de las formas más efectivas de aliviar la presión sobre el flujo de caja es mediante la obtención de recursos distintos a los operacionales, como financiación externa, levantamiento de capital, venta de activos estratégicos o procesos de fusiones y adquisiciones. No obstante, el acceso al capital se restringe significativamente en contextos de insolvencia, y si estos recursos no se gestionan adecuadamente, solo ofrecerán una solución temporal que terminará por aplazar una liquidación inevitable.

Ahora bien, es importante precisar –como observación práctica– que la nueva financiación que se estructure dentro del proceso ya cuenta con un marco de prelación en el artículo 71 de la Ley 1116 de 2006, al ser tratada como gasto de administración. En consecuencia, esta financiación ya tiene una posición preferente sobre las obligaciones graduadas y calificadas dentro del acuerdo de reorganización, e incluso en un eventual escenario de liquidación. Por tanto, debe diferenciarse si se pretende otorgar una prelación distinta o adicional a la ya existente, y precisar su tratamiento.

En este sentido, regulaciones como la Ley 2437 de 2024 son valiosas, pero aún insuficientes para fomentar un ecosistema atractivo para compradores estratégicos o fondos especializados en situaciones especiales. Es fundamental abordar esta problemática de manera interdisciplinaria y construir un entorno técnico y jurídico especializado que brinde seguridad a los inversionistas, permitiéndoles confiar en que la empresa en insolvencia podrá salir adelante y que su inversión será recuperable o sus activos adquiribles en condiciones eficientes.

Como punto de partida, resulta esencial que la información proporcionada por el deudor no se limite exclusivamente a cifras financieras, sino que esté acompañada de elementos verificables que permitan validar la realidad operacional de la empresa. En muchos casos, los estados financieros pueden presentar una imagen distorsionada que no refleja con precisión la situación real del negocio. Por ello, resulta indispensable contar con documentación y análisis que respalden la información presentada, pues los números, por sí solos, pueden, en ocasiones, carecer de sustento. Para generar confianza en potenciales inversionistas o financiadores, es necesario ofrecer una visión integral y creíble del estado de la compañía, basada en datos concretos y evidencia cualitativa.

Por esto, sería prudente iniciar con un diagnóstico riguroso de la situación de la compañía, evaluando su viabilidad para implementar planes estratégicos de regularización. Este análisis debe considerar fuentes alternativas de financiación y la posibilidad de procesos de refinanciación, reestructuración o reperfilamiento de deuda. Asimismo, resulta indispensable diseñar planes de transformación financiera, operativa e incluso comercial. Dado que el flujo de caja es un elemento crítico, se deben implementar medidas que mejoren el          beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda, por su sigla en inglés) y la liquidez, incluyendo modelos de gestión de tesorería más eficientes.

Experiencias internacionales

Una herramienta ampliamente utilizada en otras jurisdicciones, especialmente en EE UU, es el debtor-in-possession financing (DIP), que permite a las empresas en insolvencia acceder a capital nuevo con prelación sobre pasivos existentes. En Colombia, si bien no existe una regulación específica sobre DIP, la Ley 2437 de 2024 abre la posibilidad de estructurar esquemas que otorguen protección y prioridad a estos recursos si se tramitan de forma adecuada ante el juez del concurso. Fomentar estos mecanismos puede generar confianza en los financiadores y facilitar la entrada de liquidez en momentos críticos.

Adicionalmente, deben considerarse instrumentos financieros alternativos que hagan viable la inyección de capital en empresas en crisis. Por ejemplo, la emisión de notas convertibles en acciones permite que los inversionistas participen en el crecimiento futuro de la compañía si esta logra recuperarse. De igual forma, acuerdos de earn-out, en los que parte del retorno depende del desempeño futuro, ofrecen una vía de alineación de intereses. Incluso, el uso de fideicomisos para aislar activos clave o flujos de caja puede ser útil para estructurar inversiones con menor exposición al riesgo.

Desde la óptica del inversionista, es crucial contar con una matriz clara de riesgos que le permita tomar decisiones informadas. Estos riesgos incluyen aspectos legales (impugnaciones o demoras judiciales), financieros (pasivos contingentes ocultos), operativos (continuidad del negocio) y reputacionales. Para mitigarlos, es clave llevar a cabo procesos de debida diligencia integrales, negociar acuerdos marco con acreedores relevantes, estructurar la inversión a través de vehículos independientes y establecer esquemas sólidos de gobierno corporativo durante y después del proceso.

Asimismo, una herramienta clave para atraer capital es la elaboración de un teaser de inversión que presente a potenciales inversionistas –ya sean fondos especializados o compradores estratégicos– las distintas formas en que podrían aportar recursos frescos. Entre estas se destacan la venta de activos con autorización del juez del concurso (L. 1116/06, art. 17), la cesión de créditos con posibilidad de controlar el acuerdo de reorganización (debt purchase agreement), la capitalización de pasivos (L. 2437/24, art. 3º) y la descarga de deudas, entre otras. La estrategia debe contemplar necesidades de caja a corto, mediano y largo plazo, así como priorizar los instrumentos adecuados según cada fase.

Vale la pena mencionar experiencias exitosas tanto en Colombia como en la región, donde empresas en crisis lograron revertir su situación con el apoyo estratégico de fondos de inversión. Casos en sectores como salud, alimentos o comercio han demostrado que, con el acompañamiento correcto, estructuras financieras innovadoras y voluntad de reorganización, las compañías pueden salir fortalecidas. Estos ejemplos deben servir de inspiración para construir un marco que fomente la inversión responsable en procesos de insolvencia.

Todo lo anterior debe llevarse a cabo en coordinación absoluta con el equipo legal que lidere el proceso, el juez del concurso y los actores clave: accionistas actuales, acreedores relevantes y equipos internos. Solo mediante una aproximación técnica, interdisciplinaria y bien estructurada será posible transformar la insolvencia en una oportunidad real de rescate y de generación de valor económico.

*Este texto contó con la participación de Juan Gallego, abogado de Deloitte Legal.

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