Aunque la Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que declare inexequible el Decreto 4975 del 2009, que declaró el estado de emergencia social, y por consecuencia pidió la inexequibilidad del Decreto 4976 del 2009, que expidió medidas excepcionales para liberar recursos que permitan garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud de la población afiliada al régimen subsidiado, conceptuó que esta norma cumple las exigencias formales y de fondo que exige la Constitución. Según el procurador Alejando Ordóñez, guarda estrecha relación de conexidad con los motivos que dieron lugar a la declaratoria, pues persigue la consecución de recursos para favorecer a las personas que requieren especial atención del Estado para garantizarles la prestación de los servicios de salud.