La Corte Constitucional se inhibió de resolver de fondo la demanda interpuesta contra varios apartes del Régimen de Insolvencia para Personas Naturales (Ley 1380 del 2010) que regulan las situaciones de los deudores domiciliados y no domiciliados en Colombia y que exigen los estados financieros como requisito para el buen desarrollo del proceso de insolvencia. Según el alto tribunal, en la demanda formulada no se respetaron los principios de especificidad, pertinencia y suficiencia. Además, el actor hace una interpretación subjetiva de la disposición que no es debidamente sustentada en la demanda (M. P. Jorge Ignacio Pretelt).