Daniel S. Acevedo Sánchez | Linkedin | Email
Consultor en transformación digital y estrategia – Legal, Tax & Finance

Los sistemas jurídicos no solo regulan conductas. También producen confianza. Y la confianza, aunque rara vez aparece en los códigos, es el insumo silencioso que permite que las decisiones económicas se tomen con horizonte de largo plazo. Cuando esa confianza cambia, no solo cambian las reglas: cambia también la forma en que los actores económicos calculan, planean e invierten. Esta es una de las dimensiones menos discutidas del giro que Colombia está tomando frente al arbitraje internacional de inversión.

El 22 de abril de 2026, un comité ad hoc del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) rechazó el recurso de anulación interpuesto por Colombia en el caso Telefónica, dejando en firme una condena que supera los 500 millones de dólares. La disputa, originada en la reversión de activos de telecomunicaciones, fue evaluada bajo los estándares de trato justo y equitativo previstos en los acuerdos internacionales de inversión. El caso confirma una realidad que no siempre se asume con todas sus consecuencias: cuando un Estado firma un acuerdo de inversión, sus decisiones regulatorias quedan sometidas a un examen externo que ya no se rige solo por su derecho interno. (Lea Así va el caso Telefónica ante tribunales internacionales)

Un mes antes, el 26 de marzo, el presidente Gustavo Petro había anunciado la intención de retirar a Colombia del sistema de arbitraje internacional de inversión, apoyándose en una carta firmada por más de 200 economistas internacionales, entre ellos Joseph Stiglitz y Thomas Piketty. El argumento central es conocido: estos tribunales habrían fallado sistemáticamente a favor de los inversionistas en detrimento de la soberanía regulatoria de los Estados. La crítica tiene fundamento empírico y forma parte de un debate global serio. Pero la conversación no puede agotarse ahí.

El arbitraje internacional de inversión cumple una función que no siempre se nombra con precisión. No es solo un mecanismo para resolver disputas cuando algo sale mal. Es, sobre todo, un mecanismo de confianza ex ante. Es decir, una garantía que el Estado ofrece antes de que el inversionista comprometa su capital, indicándole que existe un foro neutral, técnicamente competente y procedimentalmente predecible para discutir eventuales conflictos. Esa garantía influye directamente en el costo del capital, en las primas de riesgo y en la disposición de los actores internacionales a invertir a largo plazo en proyectos de infraestructura, energía o telecomunicaciones. 

Aquí aparece la pregunta que debería ordenar el debate y que, hasta ahora, ha quedado en segundo plano: si ese sistema desaparece, ¿qué lo reemplaza? Las respuestas posibles tienen implicaciones muy distintas. ¿Se confía la solución de disputas internacionales a las cortes locales? ¿Se construyen mecanismos regionales alternativos, como el Tribunal Multilateral de Inversiones que ha venido impulsando la Uncitral? ¿Se renegocian los acuerdos bilaterales bajo nuevos estándares? ¿O se asume que la confianza se generará por la sola fortaleza institucional del Estado? Cada una de estas opciones es legítima, pero ninguna es automática, y todas requieren tiempo, capacidad técnica y consenso político del que hoy no disponemos.

La soberanía jurídica, entendida con seriedad, no es solo capacidad de decidir. Es también capacidad de generar reglas creíbles, estables y operativas. Un Estado plenamente soberano puede optar por salir de un sistema que considera desfavorable. Pero la soberanía no se demuestra solo en la salida; se demuestra en la construcción de lo que viene después. Mientras esa construcción no esté clara, el periodo de transición funciona como una zona gris donde la confianza, que tarda años en formarse, puede erosionarse en meses.

El punto no es defender el arbitraje internacional como sistema perfecto, ni rechazarlo en bloque como herramienta de captura corporativa. Ambas posiciones, en sus versiones extremas, ignoran lo que el sistema realmente hace: traducir el riesgo soberano en un lenguaje predecible para el capital internacional. Modificar ese mecanismo es una decisión política legítima. Pero exige asumir, con la misma seriedad, la pregunta sobre qué arquitectura institucional ocupará el lugar que se está dejando.

El verdadero desafío no es salir de un sistema. Es construir otro que cumpla, con credibilidad equivalente, la misma función de confianza. Y esa es una tarea que todavía está por empezar.

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