Un derecho penal articulado con el sector financiero

Miguel González Sánchez

Especialista en Derecho Penal y Financiero

La economía resulta trascendental para el desarrollo de un país. De la mano del sector financiero, se puede lograr la circulación del dinero que, a la postre, permite mejorar la vida de muchos ciudadanos, con el aumento de liquidez, el acceso a recursos para proyectos personales o laborales y el incremento en su patrimonio.

Para esto, es evidente que se necesita un entorno articulado que encuentre su razón de ser en la debida participación de los ahorradores, consumidores e inversionistas que requieren de sectores para la salvaguarda, circulación o incremento de su capital. Esto implica también un compromiso de los encargados de captar o colocar esos recursos para que se genere una protección de los mismos y que la confianza de quien acude a ellos sea férrea.

En consecuencia, encontramos que, alrededor de todo esto, el Estado debe procurar tomar medidas sólidas y trabajar articuladamente en la salvaguarda de los bienes tutelados que puedan verse violentados. Lo anterior puede ser desarrollado por diferentes vías, pero, en principio, recae en cabeza de la Superintendencia Financiera, atendiendo que es la encargada de vigilar y supervisar el buen actuar de los partícipes en el mercado financiero a la hora de prestar sus servicios, pero con repercusiones netamente administrativas.

Dentro de esta labor de control, el flujo de información juega un papel preponderante, atendiendo que es la que permite arrojar diagnósticos reales frente a cuáles son las soluciones que el sistema requiere para que se apliquen de forma inmediata.

Ahora, pasando del derecho administrativo al derecho penal, este último también debe tener una participación activa mediante una política criminal delimitada para el sector financiero, bajo el entendido de que, al estar en juego elementos tan trascendentales, la labor de estas instituciones no puede quedarse exclusivamente en mitigar conductas de lavado de activos o financiación al terrorismo mediante programas de cumplimiento e informarlo a la Unidad de Información y Análisis Financiero, si no que deben ir a delitos que encuentren relación directa con la actividad desarrollada y afecten directamente al consumidor.

En aras de plantear una conclusión y someterla a debate, la protección de los ecosistemas financieros no puede encontrar respaldo únicamente en el derecho administrativo, sino que también debe ir a la órbita penal, mediante la supervisión y el seguimiento de acciones que pueden tener relevancia penal y que, posiblemente, afecten al ciudadano que depositó los ahorros de su vida en una cuenta confiando que están protegidos, y ojalá compartiendo el mismo flujo de información, como si se hiciera con la autoridad administrativa.

Aterrizando a la vida practica la propuesta, es notorio que, en los últimos tiempos, se ha disparado el fraude bancario asociado con la extracción de dineros de las cuentas de los depositarios, y en todos los casos se exige la presentación de la denuncia por parte del afectado, que, en muchas ocasiones, desconoce el mecanismo para su realización. Así, la entidad de crédito debería asumir la carga de todo el procedimiento que implica la estructuración, radicación y seguimiento de la denuncia, dado que tiene una mejor posición para acreditar los elementos que determinaron el medio mediante el cual se generó el posible acto delictivo. Esto, al final, facilita llevar un mejor control del contexto, lo que permite conectar las denuncias que sean viables o sobre las cuales opere el mismo modelo delictual, facilitando una política criminal o modelos de investigación encaminados a contrarrestar ese tipo de delincuencia desde la institución, y no llenar los escritorios de denuncias individuales conocidas por fiscales de todo tipo que no llegan a ningún lado.

En esencia, el derecho penal no debe ser utilizado exclusivamente como mecanismo de sanción. Por el contrario, una sana utilización contribuye a verificar de forma efectiva los actos que más aquejan a la sociedad, para que, desde ese punto, se pueda afrontar mejor la delincuencia. Entonces, al tener una mejor articulación entre el sistema financiero y los entes de control en materia punitiva, acompañada de una efectiva trazabilidad de la información, seguramente, se generaría un sometimiento al foco que afecta al consumidor y pone en riesgo sus ahorros.