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Salomón Kalmanovitz

Economista e historiador

 

La Corte Constitucional declaró inexequible la ley que establecía la base gravable de la sobretasa a la gasolina y al ACPM, vigente desde 1998. Adujo que la norma carecía de objetividad y certeza, ya que el Ministerio de Minas (Minminas) podía fijarla arbitrariamente, como aparentemente lo ha hecho desde entonces. Actualmente, la sobretasa a la gasolina es de 1.143 pesos y el consumo de gasolina anual ronda los 1.350 millones de galones. En el caso del ACPM es de 300 pesos por galón y su consumo es de 2.000 millones de galones anuales. Sumados los dos gravámenes, representan la no despreciable suma de 2,14 billones de pesos que el Minminas debe entregar a municipios y departamentos.

 

Lo que no objetó la Corte fueron unos subsidios escondidos a favor de los productores de etanol y aceite de palma que se mezclan a los carburantes y que sacan del bolsillo de los consumidores un impuesto adicional de un billón de pesos anualmente. El cálculo lo hice suponiendo que Ecopetrol paga los precios internacionales de los biocombustibles, pero no lo hace para que los excedentes que produce el mercado interno cautivo lo puedan aplicar en parte a las exportaciones de sus sobrantes de producción. Esto es especialmente llamativo en el caso del azúcar, que cuenta con un arancel de casi el 50 % del precio internacional.

 

Se trata, sin duda, de otro impuesto no acordado entre los representantes del pueblo y los beneficiarios de una protección que les entrega el Estado y que, obviamente, es costosa para el contribuyente, en donde se conjugan los intereses de los ingenios, los palmicultores, el Ejecutivo y la empresa estatal. Si en el primer caso el impuesto tiene el fin de financiar el gasto público regional, en el segundo solo favorece a dos gremios privados de la producción que se han cartelizado con el favor del Estado y no tienen ninguna función pública; por el contrario, lo que hacen es encarecer el transporte de bienes y personas.

 

Bien haría el Congreso en legislar adecuadamente y de manera transparente qué tanta protección y por cuánto tiempo otorga a estos gremios que puede ser justificada por el argumento de la industria infantil que requiere para poder desarrollarse y competir eventualmente con el resto del mundo. La industria azucarera lleva más de un siglo de existencia y se precia de ser una de las más competitivas del mercado mundial, mientras que los palmicultores llevan unos 30 años ampliando su producción y mercados, y hoy en día exportan la mitad de su producción de aceite de palma. Lo que sugiero es que ambas industrias son maduras y no requieren explotar un mercado cautivo para después saltar al globo y que la protección las torna en adultos malcriados que abusan de los consumidores colombianos.

 

En la historia moderna del país no existe un mecanismo más abusivo de control de mercado que el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar y el Fondo de Estabilización de Precios del Aceite de Palma, que, desde hace casi 20 años, controlan además el negocio de los biocombustibles. Esta es otra tarea fundamental para el Estado social de derecho: debilitar los monopolios que abusan de los ciudadanos y promover la competencia para que puedan disfrutar de un mayor número de bienes y servicios, de mejor calidad. Para eso existen las superintendencias de Industria y Comercio, etc., que, sin embargo, no tocan a los malos.

 

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