12 de Diciembre de 2024 /
Actualizado hace 1 hour | ISSN: 2805-6396

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Opinión / Columnista Impreso

El preocupante marco fiscal

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Salomón Kalmanovitz

Economista e historiador

 

El Gobierno comenzó a ponerse serio cuando le correspondió proyectar el futuro fiscal del país, comprometido por la política tributaria populista y la crisis económica y sanitaria más grave que enfrenta el país en toda su historia. Así, echa para atrás su reforma tributaria del 2019, al plantear la necesidad de aumentar el recaudo 2 % del PIB para los años 2021 y 2022, que fue lo que generosamente devolvió a las empresas. Lo hará recurriendo a los ingresos de las personas naturales y no de las jurídicas. Estos ingresos son insuficientes para enfrentar las necesidades y, por lo tanto, se plantea vender activos por otro 1,2 % del PIB (12 billones de pesos) que vendrá de la participación en Interconexión Eléctrica (ISA), Ecopetrol y/o sus filiales de oleoductos. En vez de depender de impuestos para su gasto, el Gobierno vende parte de la vajilla nacional. Lo cierto es que el recaudo debe aumentar más del 4 % del PIB para enfrentar mejor los desafíos de la crisis.

 

Para el Ministerio de Hacienda, “la programación presupuestal durante 2020 y 2021 contendrá objetivos de déficit explícitos que se publicarán en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). En estos años, los incrementos programados en el gasto se derivan solo de factores ligados a la pandemia. Segundo, a partir de 2022, el Gobierno retomará la senda de déficit fiscal coherente con la regla fiscal, garantizando la disminución de la deuda en el mediano plazo. Tercero, el Plan Financiero para 2021 incluirá un ajuste fiscal sustancial, consistente con la convergencia a la senda de mediano plazo mencionada antes”. El déficit de este año superará el 8 % del PIB, aunque en verdad no existe un esfuerzo serio del Gobierno de hacer gasto compensatorio. Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el gasto destinado a los hogares es de solo el 0,32 % del PIB y el del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) representa 20 billones de pesos, 2 % del PIB.

 

Por ahora, el Gobierno abandonó la regla fiscal que era una talanquera al gasto, pero espera restablecerla plenamente en el 2022. El endeudamiento va a pasar del 50 % del PIB, en el 2019, al 65 % hacia el futuro, preferiblemente deuda en dólares que tiene riesgos. De todas maneras, hay una enorme plétora de liquidez internacional que abarata considerablemente el endeudamiento de los países ricos (0 % anual), aunque es bastante más costoso para los llamados emergentes, que más bien podría llamarse submergentes.

 

Los datos de desempleo de junio muestran un récord del 21,4 % de la fuerza de trabajo, con el agravante de que la participación de los que buscan trabajo cayó otro 8 % de la masa laboral, o sea que la tasa real de desempleo es del orden del 23 %, un hito en la historia laboral del país. Las ayudas han sido parcas y no se ha logrado aprobar una renta básica para los desempleados que amortigüe el daño monumental al empleo. El Gobierno no ha mostrado voluntad ni visión para movilizar la fuerza de la Nación. Ni siquiera las supuestas ayudas crediticias han sido desplegadas, porque los bancos no aceptan correr riesgos y las propias empresas ya quebraron o no tienen capacidad de endeudarse.

 

La contracción de la economía se proyecta en el 8 % del PIB en el 2020, pero depende de que se reduzcan los nuevos casos de infectados, algo que todavía no se ve claro. Seguirá fuerte la presión que pone sobre el sistema de salud nacional y el de las regiones más castigadas por el virus.

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