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Corrupción y desarrollo económico

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Corrupción y desarrollo económico

Salomón Kalmanovitz

Economista e historiador

 

La corrupción se entiende como el abuso de poder de un agente público o privado para su beneficio personal y es un serio obstáculo para el desarrollo de una economía próspera que incrementa la inequidad, que en Colombia es estructuralmente muy elevada. La razón de fondo es que la asignación de los recursos económicos (tierra, capital y trabajo) se hace de manera sesgada, a favor de los que corrompen y no de acuerdo con el potencial que tiene su aplicación en una sociedad regida por la competencia y el mérito. La corrupción en el sistema público deteriora su capacidad para atender las necesidades de sus ciudadanos y lo hace ver como ilegítimo por ellos, lo que es especialmente cierto para los que evaden y eluden impuestos y los que capturan el gasto público.

 

Se trata de “un equilibrio social deficiente, en el que participan políticos de elección, burócratas, empresarios, y ciudadanos, (ninguno de los cuales) tiene incentivos suficientes para intentar cambiar unilateralmente ese estado de cosas que a todos perjudica”, según un estudio de Fedesarrollo (Perry y Saavedra, 2018). La corrupción cunde en sociedades donde la clase media es precaria, hay incentivos para el comportamiento rentista en la regulación y los contratos entre funcionarios y empresarios, y se dan escasos y deficientes contrapesos en el sistema político, en el cual dominan élites extractivas.

 

Cuantificar el impacto de la corrupción en una sociedad es difícil, porque se trata de operaciones encubiertas, pocas de las cuales salen a la luz pública. En el caso de Colombia, surgen gracias a investigaciones que se hicieron en otros países como Brasil para las operaciones de Odebrecht o el Departamento de Justicia norteamericano en el lavado de activos del que fue figura vergonzosa el fiscal anticorrupción. El excontralor Edgardo Maya calculó en 50 billones de pesos el costo de la corrupción en el sistema público, suma a la que se acercó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su estudio sobre el malgasto público en América Latina.

 

Para el BID, las filtraciones de las transferencias, las compras públicas a dedo y la remuneración en exceso de funcionarios alcanzaron, en el 2017, a 4,8 % del producto interno bruto (PIB), unos 45 billones de pesos, lo que está por encima del promedio regional (4,4 % del PIB) que surge de un legado hispánico de instituciones familistas y de concentración de la tierra, combinado con unas élites voraces y una pobreza considerable.

 

Una de las venas rotas del gasto público son las transferencias capturadas por grupos legales e ilegales que alcanza 18 billones de pesos e incluye comidas escolares, recursos de la salud y de la educación. Las pérdidas asociadas a las compras públicas ascienden a 14 billones de pesos y son más protuberantes a nivel subnacional, en donde no existe la obligación de los entes de hacer compras por subasta de oferentes. A nivel central, se ha taponado esta fuga mediante el programa de Colombia Compra Eficiente. Las exenciones tributarias conseguidas por medio del cabildeo de los beneficiarios y el pago de coimas a los legisladores constituyen otros 9,5 billones de pesos. En programas sociales (Familias en Acción, Adulto Mayor, subsidios en salud) la cifra es más moderada, de unos 4 billones de pesos.

 

Así las cosas, pagar nuestras obligaciones tributarias aparece como injusto y además como aporte de recursos a la corrupción, no como el financiamiento de bienes públicos que lubriquen el desarrollo económico o de subsidios que hagan más equitativa la sociedad.

 

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