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Campaña y propuestas

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Campaña y propuestas

Juan Camilo Serrano Valenzuela

Abogado y asesor tributario

jcserranov@jcsvabogados.com

 

En los últimos meses nos venimos encontrando con muchos documentos que contienen las propuestas para el ajuste del sistema tributario por parte de quienes aspiran a ocupar la Presidencia de la República.

 

El análisis de las propuestas se va facilitando en la medida en que se avanza en el estudio de las mismas, y en muy poco contribuyen a tomar decisiones sobre el sentido del voto que será depositado el próximo 27 de mayo, pues se observa que será más de lo mismo, las mismas propuestas, difusas e ilusorias.

 

No falta, eso sí, la propuesta de imponer impuestos con tarifas confiscatorias para forzar la expropiación de tierras sin pago, pues se propone la cancelación con bonos de deuda pública, quien sabe a qué tiempo, lo que, en la práctica, constituiría un despojo de los bienes.

 

Coinciden los programas de gobierno en la necesidad de disminuir la carga tributaria para las empresas, con un incremento en la tributación de las personas naturales, sin indicar claramente cómo se obtendrán los recursos necesarios para lograr un equilibrio fiscal, distinto a plantear el control a la evasión y a la elusión fiscal, o aprovechar el crecimiento económico para generar mayor riqueza y mejor recaudo.

 

Esos mecanismos, ideales para el país de ángeles que describían en vigencia de la Constitución de 1886, son poco realistas, si no se establecen medidas de largo plazo, y se definen políticas administrativas que garanticen, no solamente resultados efectivos en los programas de control tributario, sino, más importante, mejorando la credibilidad de la administración, la confianza en las conductas correctas de los contribuyentes y generando una muy ambiciosa política de cultura tributaria.

 

La disminución de la tarifa de renta para las sociedades implica necesariamente un incremento de las tarifas para las personas físicas, que ya se encuentra en niveles del 33 % y el 35 %, suficientemente altas para garantizar los recaudos en una sociedad como la nuestra, así que será necesario acudir a la tributación sobre los dividendos, con presión más agresiva que la tímida contenida en la reforma tributaria del año pasado, o acudir a los impuestos indirectos que afectan a los sectores más vulnerables.

Ampliar el universo de contribuyentes naturales significa, ni más ni menos, que imponer tributación directa a quienes ya lo hacen pagando el IVA y el impuesto al consumo, además de la retención en la fuente con la que están gravados, o gravarlos si no lo están.

 

En todos los casos, los afectados serán los ciudadanos de menores ingresos, a menos que sean gravadas las rentas pasivas con mayor fortaleza, redefiniendo el sistema cedular implantado desde el año pasado, ampliando el número de cédulas, modificando las tarifas, estableciendo un único límite mínimo para la totalidad de las cédulas y gravando rentas que no tributan hoy, sin aparente justificación.

 

Sin embargo, no es suficiente el diseño de una reforma legal acertada, sino que es necesario, además, redefinir las políticas de control tributario por parte de la administración, que estimulen el adecuado comportamiento de los contribuyentes.

 

Las políticas actuales imponen a los funcionarios auditores casi la obligación funcional de obtener correcciones, aún sin justificación legal, lo que obliga a los contribuyentes y responsables a “guardar” errores en sus declaraciones para no sentir que la corrección impuesta es arbitraria e injusta.

 

No basta, hoy, haber mostrado un comportamiento ajustado a las obligaciones tributarias, sino que es necesario jugarle a la firmeza de las declaraciones para estar tranquilo ante una visita de auditoría tributaria, pues ese comportamiento no garantiza indemnidad tras una inspección, pues el funcionario no estará satisfecho sin obtener una corrección, sin importar si es justa o no.

No son muchas las opciones que garanticen los adecuados recaudos tributarios sin renunciar al principio constitucional de progresividad, y con gravámenes adecuados y pagables, pero las propuestas excesivamente abstractas, como las que se plantean en los distintos programas, generan más incertidumbre que esperanza.

 

Sería interesante rescatar el estudio presentado por la llamada comisión de expertos del 2015, pero solo en lo que corresponde al diagnóstico, para plantear una reforma que responda a las necesidades de nuestras finanzas públicas.  

 

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