Al rescate de los proyectos de infraestructura

Adriana Zapata

Doctora en Derecho

Aunque el foco de esta columna de opinión ha sido y seguirá siendo la aproximación a los fenómenos de la sociedad desde lo jurídico, en esta ocasión me permitiré unas reflexiones en el sentido contrario, es decir, desde lo práctico hacia el legal, con el ánimo de aportar elementos para lo que creo debería ocurrir muy rápidamente: una reforma al régimen de contratación de las obras de infraestructura; no de todo el sistema, pero sí de algunos aspectos que se han revelado francamente inadecuados de cara a la necesidad de salvaguardar el patrimonio público y el bienestar general.

Las aproximaciones prácticas son siempre necesarias a la hora de legislar, porque solo ellas permiten diagnosticar cabalmente el problema y formular soluciones que correspondan a los dictados de la realidad. No abogo por ninguna solución enmarcada en los intereses de cualquiera de los actores de la situación, sino más bien, o mejor, únicamente, por lo que creo que debe ser el norte que ilustre tanto la discusión como la solución.

Como punto de partida pensemos en lo siguiente: cuando nos presentan las lánguidas cifras de aprovechamiento de los tratados de libre comercio suscritos por el país, atribuimos ese mal desempeño a la falta de imaginación de nuestros empresarios, pero no es así: la tienen en exceso, son creativos e innovadores, pero esas habilidades no son tales que puedan hacer el milagro de superar la pérdida de competitividad que les significa el atraso vial del país, originada en los impagables costos de movilización de la mercancía a través de nuestras desafiantes cordilleras. No hay que buscar las explicaciones en otra parte: el país adolece de un gran atraso en su infraestructura.

A ningún programa de Gobierno ha escapado esta preocupación y, desde ya hace décadas, tirios y troyanos se han empeñado en darle solución al problema. Pero, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué nos perdemos en los vericuetos de normas ineficientes? Cualquier traspiés, grande o pequeño, da al traste con el proyecto o, en el mejor de los casos, lo aleja por años de la soñada meta. Nosotros los colombianos merecemos que esa obra pública se dé al servicio, para que toda la máquina de relojería que es la economía mueva armónicamente sus piezas en beneficio de todos los actores. Y, sin embargo, asistimos inermes al paso del tiempo que implica la solución jurídica del problema, afectando irreparablemente el bien común.

Con esto en mente, y arribando al terreno de las soluciones, creo que la arquitectura jurídica debe pasar por un proceso creativo que deslinde el problema acaecido, del avance de la obra. Una de las fórmulas consiste en permitir que otros actores entren a liderar el proyecto, llámense nuevos contratistas, financiadores o agencias gubernamentales. Debemos lograr que las investigaciones y la justicia avancen por un canal distinto que llegue al fondo y logre desenmascarar la corrupción que nos lastra. Pero la obra debe seguir contra viento y marea, de eso se trata. A través de la figura del step in se habilita a financiadores y autoridades para que tomen provisionalmente el proyecto en sus manos, limitando su papel a la gestión temporal, eficiente y responsable de los recursos. Está detectado que la solución no puede pasar por la figura de la declaratoria de caducidad, pues es ella la que lleva a la parálisis e impide que el proyecto siga recibiendo los recursos requeridos para el pago de trabajadores, proveedores y contratistas. Si el causante del problema merece y debe ser excluido, una opción debería ser la cesión forzosa de la posición contractual con efectos para el excluido similares a los que enfrentaría en la caducidad, pero preservando el contrato para que este no llegue a liquidación, pues con ella nacen las trabas que cortan la liquidez. Son ideas que requieren cambios de paradigmas, pero es necesario hallar una solución que resuelva de una vez por todas la problemática tantas veces diagnosticada. Muchos dirán que fórmulas como estas contrarían los principios sacrosantos del contrato estatal; concedido, pero el desafío está justamente ahí, en pensar sin los límites de las aproximaciones tradicionales. Si queremos un resultado distinto, debemos razonar distinto.