¡Qué dicha!: la apertura de la discusión de la innovación legal en Colombia

Juan Felipe Torres Varela

Magíster en Tecnoemprendimiento e Innovación de Nanyang Technological University (Singapur)

Miembro de la firma TFDC Abogados

A propósito del surgimiento de la cuarta revolución industrial, cuyo movimiento ha generado el progreso de las distintas industrias que rodean a la sociedad por la implementación de distintas perspectivas en torno al consumidor y su satisfacción, nuevas tecnologías, métodos de diseño e intersección de disciplinas para la innovación de los productos y servicios, el Derecho se ha visto en la necesidad de dar apertura al aprendizaje de nuevos conocimientos ajenos a lo que tradicionalmente abarcaba la profesión.

En Colombia, por regla general, los abogados hemos sido reacios al cambio y a la implementación de nuevas tendencias, principalmente, por desconocimiento y miedo a ellos. 

Por fortuna, en los últimos meses hemos podido constatar la labor de diversas instituciones haciendo tremendos esfuerzos para facilitar la transición y adaptabilidad de los abogados a lo que comúnmente se ha denominado cómo el Nuevo Derecho o “New Law”.

Desde la perspectiva educativa, la Universidad Eafit y la Universidad de los Andes están liderando la discusión de las nuevas tendencias en materia de Derecho.

La Universidad Eafit, con ocasión de la conmemoración de los 20 años de la Escuela de Derecho, realizó el Congreso de innovación aplicada a la industria legal y sus retos. Este fue liderado por Camilo Piedrahita, y de la mano de grandes figuras en la materia, como Chris Bentley, director del Legal Innovation Zone de Ryerson University, y Jameson Dempsey, fundador de Legal Hackers y Fellow del Codex de Informática Legal de Stanford, entre otros, se discutió ¿cuál es el rol del Estado y del Derecho ante las nuevas tecnologías?, ¿qué y cómo regular las nuevas dinámicas sociales generadas por estas?, ¿cómo debe transformarse la educación legal para ser pertinente en épocas de disrupción tecnológica?, ¿sufrirá el sector desempleo tecnológico?, ¿cómo innovar en la forma de prestar servicios jurídicos que generen valor?

Por su parte, la Universidad de los Andes, bajo el liderazgo de Santiago Pardo, lanzó el Programa de Innovación Legal, cuyo énfasis radica en promover una agenda transformadora de la educación jurídica. El programa busca desarrollar una nueva generación de productos académicos relacionados con la tecnología legal, el diseño legal y la ley tecnológica en cuatro áreas estratégicas: (i) impacto de la innovación y las nuevas tecnologías en la profesión legal, (ii) desafíos normativos y éticos de la innovación legal y las nuevas tecnologías, (iii) modelos organizacionales judiciales y legales inteligentes y (iv) transformación de la educación jurídica.

Organismos como la Cámara de Comercio de Cartagena entendieron la importancia de la evolución del abogado tradicional y su rol actual en la sociedad. Ello se evidenció en el V Congreso internacional de Derecho Empresarial, Contable y de los Negocios, en el cual se trataron temáticas de actualidad relativas a la inteligencia artificial aplicada al Derecho, la innovación en el sector legal, el secreto empresarial y su protección mediante la tecnología blockchain, nuevos vehículos para acceder servicios jurídicos, entre otros.

Legal Hackers es un movimiento global que busca la interacción entre abogados, diseñadores de políticas, tecnólogos y académicos que juntos exploran y desarrollan soluciones mediante la intersección del Derecho y la tecnología para los problemas de la industria. El capítulo de Legal Hackers Bogotá ha crecido de manera sustancial, tanto así que hace unos días realizó un “demo day”, en el cual emprendimientos con enfoque en la industria legal presentaron sus proyectos novedosos. También fomentan conversaciones periódicas para detectar problemas y oportunidades en donde la tecnología podría mejorar la práctica de la ley y cómo esta puede adaptarse a las políticas y tecnología naciente.

Si queremos innovación en nuestra industria, es necesario que más entidades de orden público y privado, así como las instituciones educativas, comiencen a generar con periodicidad estos espacios en los cuales tanto abogados como profesiones de otras disciplinas y estudiantes puedan participar en la discusión, generar planteamientos o interrogantes desde las distintas posiciones en torno a la evolución del Derecho para lograr la innovación.

Las discusiones fomentan la creación, el desarrollo de nuevas ideas, servicios y productos para la industria. Permiten la exploración de distintas perspectivas desde distintas disciplinas y focos de interés. Aumentan la conciencia y la tolerancia frente al cambio. Fomentan la atención, la escucha y, por ende, el entendimiento de la realidad que nos aborda. Democratizan el conocimiento y permiten que más abogados hagan parte de la discusión y mejoren sus prácticas, ya sea como firma de abogados, como independientes, abogados de empresa o cualquier otra modalidad de prestación de los servicios jurídicos. Más importante: llevan a la transformación de la industria legal.

La apertura de conversatorios como los señalados son necesarios para la evolución de la carrera. Pero también vale probar nuevas formas de interacción que, de alguna manera, tengan un efecto semejante o con mayor progresividad hacia la evolución de la carrera. Por ejemplo, sería interesante que entre las instituciones educativas, las entidades públicas y privadas realizarán hackathons de temas relacionados con el Derecho, esto es, espacios donde programadores, desarrolladores, abogados y personas de otras disciplinas y sectores se reunieran durante un tiempo para competir, colaborar y desarrollar soluciones tecnológicas a los diversos problemas que la industria legal arraiga.