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Inconstitucionalidad cantada

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Inconstitucionalidad cantada

Ramiro Bejarano Guzmán

Profesor de Derecho Procesal de las universidades de los Andes y Externado de Colombia

 

Una de las iniciativas presidenciales que ha pasado más desapercibida -para fortuna del Gobierno, pero en detrimento del país- es la tramitación y sanción de la llamada Ley TIC, que atenta peligrosamente contra la libertad de expresión, de prensa y contra el derecho ciudadano a una información veraz y objetiva. En efecto, la Ley TIC fue anunciada por Duque como una revolución tecnológica que generará inversión privada en impresionantes cantidades, y que permitirá conectar más al país. La verdad es otra, pues esta ley busca otorgarle al Gobierno control sobre las comunicaciones y facultarlo para intervenir abusivamente en sus contenidos.

 

La promesa del Gobierno de “potenciar la vinculación del sector privado en el desarrollo de los proyectos asociados” despierta muchas preguntas en un país donde los medios de comunicación aún luchan por ingresar plenamente al siglo XXI, y en el que no todas las regiones están conectadas. ¿Debe ser una prioridad en la política pública de las comunicaciones la promoción de la inversión extranjera, cuando aún restan tantos asuntos primarios por atender? No, pero el Gobierno se empeña en expedir una ley que, quién sabe de qué manera, abrirá las puertas para que conglomerados mediáticos del mundo se apoderen aún más de nuestras comunicaciones.

 

La ley también adiciona, como uno de sus principios orientadores, la misión de “proteger los derechos de los usuarios, incluyendo a los niños, niñas y adolescentes”. La inclusión de esa expresión debe prender las alarmas, pues por la vía de proteger a la niñez pueden cometerse arbitrariedades.

 

Y esos excesos oficiales se concretarán con facilidad, pues de la supresión de la Autoridad Nacional de Televisión nacerá la Comisión de Regulación de Comunicaciones, cuya composición resulta alarmante y claramente inconstitucional. De los ocho integrantes de esa comisión, el Gobierno contará con el control de siete comisionados. El ministro, o su delegado, el comisionado designado por el Presidente de la República y cinco adicionales. De los tres comisionados que restan, dos, el representante de la sociedad civil y el del sector audiovisual, serán supuestamente elegidos mediante un proceso meritocrático. Ese mecanismo de selección lo adelantarán las universidades públicas que el Ministerio de Educación determine, así como los tres comisionados que serán elegidos por “concurso” del Departamento Administrativo de la Función Pública. Como ya ha ocurrido, cuando el Ejecutivo tiene la potestad de estructurar estos procesos “meritocráticos” resultan siendo todo lo contrario. Especialmente para un tema en el que deambulan tantos intereses políticos, económicos y sociales por estar vinculados a la regulación de los medios de comunicación. La Comisión será un burladero o un disfraz que utilizarán los gobiernos para controlar a su antojo las comunicaciones, lo que no es sano para ninguna democracia.

 

Ese control excesivo gubernamental de las comunicaciones es lo que la Corte Constitucional ha prohibido en numerosos fallos, porque ninguna rama del Poder Público debe gozar de esa prerrogativa, porque ello contraría las libertades públicas y es un asomo a la tiranía. Además de esa ostensible inconstitucionalidad, la ley se tramitó negando el derecho a la consulta previa a las comunidades indígenas y afros, que, por disposición expresa de la Constitución y la jurisprudencia, debían ser oídas para regular de nuevo su importante participación en los medios de comunicación, en especial la televisión. De la consagración concreta de derechos y mecanismos para exigirlos, que existía en la regulación anterior, pasaron sin consulta previa a una mención insípida y sin dientes que en nada garantiza el ejercicio de los derechos de estas comunidades.

 

Estas son solo algunas de las más evidentes trasgresiones de la Ley TIC que el Gobierno hizo expedir y se dispone regular. Ojalá las altas cortes, la Constitucional y el Consejo de Estado, adviertan las nefastas consecuencias que se derivarán de este adefesio legislativo que amenaza la estabilidad de nuestra maltrecha democracia.

 

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