Tendencias de la educación jurídica en Latinoamérica y pospandemia

Eleonora Lozano Rodríguez
Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes

Antes de la pandemia, participé en un proyecto de investigación trasnacional denominado “Blueprint for a global legal education”, financiado por la International Bar Association, en cooperación con la Liga Global de Escuelas de Derecho, cuya finalidad principal era identificar los retos y las oportunidades de las facultades de Derecho a nivel global[1].

Como parte de este esfuerzo académico, se realizó una investigación cualitativa, a través de entrevistas semiestructuradas a decanos y líderes de las organizaciones profesionales de Latinoamericana, focalizadas en ocho aspectos: globalización e internacionalización, tecnología, regulación de la profesión, recursos, empleabilidad según habilidades, multidisciplinariedad, nuevos jugadores en el mercado y retos. A continuación, relaciono algunos de los principales hallazgos.

La internacionalización y globalización es una preocupación de las universidades latinoamericanas entrevistadas. Han incorporado cursos de derecho comparado, derecho internacional y algunas en derecho global. La gran mayoría de las facultades latinoamericanas ha suscrito convenios para el intercambio estudiantil y profesoral, y aunque aún no se dan los intercambios deseables en número, existen esfuerzos por incrementarlos. Varias universidades tienen profesores visitantes internacionales o estancias posdoctorales. Muchas tienen escuelas de verano, seminarios o encuentros internacionales y participan en moot courts. Aparentemente, falta fortalecer la investigación internacional, pues, aunque hay redes académicas establecidas, los proyectos transnacionales aún son incipientes. 

En relación con la tecnología, no existía una tendencia uniforme. Algunas instituciones universitarias entrevistadas usaban la tecnología como herramienta y, para otras, era parte de la educación legal. Sin embargo, todas consideraban que el legaltech es un reto en la educación legal. Antes de la pandemia, inclusive, algunas tenían cursos en el pregrado 100 % en línea y otros blended learning. También algunas universidades tenían posgrados en modalidades virtuales o mixtas y proyectos de investigación o laboratorios legales sobre la relación entra la tecnología y el Derecho. Sin saberlo, en cierta medida, algunas se estaban preparando para la realidad actual.

En líneas generales, puede decirse que en las universidades entrevistadas existe regulación respecto al contenido de la educación legal y el acceso a la profesión, pero no en cuanto al lenguaje de instrucción. Muchas instituciones consideran que el marco regulatorio debe ser más flexible en cuanto a contenidos y metodologías de enseñanza.

También hay presiones de recursos financieros, tanto para las instituciones de enseñanza del derecho privadas como públicas, aunque no parecían tan dramáticas al momento de las entrevistas. Los obstáculos financieros han hecho que las universidades se vean presionadas a buscar recursos a través de programas de posgrados y cursos de educación continua.

En cuanto a la empleabilidad según habilidades, para algunos, el distanciamiento entre la educación y la profesión legal es amplio; para otros, es menor, dada la implementación de estrategias pedagógicas para su acercamiento (por ejemplo, aprendizaje a través de casos). La gran mayoría de las facultades entrevistadas cree fehacientemente en la importancia de desarrollar competencias para resolver tensiones éticas, para la resolución alternativa de conflictos y para la comprensión interdisciplinar del Derecho (como la sociología, la economía y la filosofía).  Existe menos énfasis en lo tecnológico, en el mercadeo para obtener clientes y en el manejo de oficinas.

La multidisciplinariedad es una preocupación de las facultades entrevistadas. Algunas tienen programas diseñados desde perspectivas multidisciplinares (pregrado, posgrado y educación continua) y otras, simplemente, ofrecen a los estudiantes cursar algunas materias de otras carreras. La tendencia latinoamericana es a incorporar, cada vez más, visiones interdisciplinares a la enseñanza del Derecho (preocupación esencial de este espacio de opinión).

En la región, existen nuevos jugadores en el mercado de educación legal diferentes a las facultades de Derecho, entre los cuales se encuentran asociaciones gremiales, institutos profesionalizantes y firmas de abogados. Para el último caso, la capacitación en lo legal, para abogados o no, sirve como una forma de mercadeo de los servicios legales.

Sin embargo, la pandemia hizo prioritarios los retos tecnológicos, pero también la necesidad de trabajar en el bienestar y la salud mental de los estudiantes, los profesores y el personal de apoyo administrativo; en atenuar las inequidades en el acceso a la educación jurídica por los grupos más marginados de nuestra sociedad y en enfrentar creativamente la frágil situación financiera que el descenso en la actividad económica genera y que afecta los  indicadores de las universidades, así como la competencia académica regional y global que ya venía vislumbrándose y que la virtualidad ha fortalecido.

Ojalá el regreso a la “nueva normalidad” no nos haga olvidar las dificultades y enseñanzas que el escenario de crisis nos dejó.