La Superintendencia de Sociedades
José Miguel Mendoza
Socio de DLA Piper Martínez Beltrán
Al momento de entregar esta columna, el Gobierno Nacional no ha definido aún el nombre de la persona que habrá de ejercer el cargo de Superintendente de Sociedades por los siguientes cuatro años. Podría pensarse, con algo de razón, que la demora obedece a que no se trata de un nombramiento rutinario. Revestido de la autonomía que le da aquel decreto redactado a instancias de la burocracia totalitaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), el nuevo superintendente tendrá la honrosa tarea de dirigir una de las más importantes entidades en el orden institucional colombiano.
A pesar de no ocuparse en asuntos tan aclamados por la prensa, la Superintendencia de Sociedades es la discreta garante de la estabilidad económica nacional. Esta afirmación seguramente habría tomado por sorpresa a José Camacho Carreño, ponente de la Ley 58 de 1931, por la cual se creó lo que en aquella época se llamaba la Superintendencia de Sociedades Anónimas. Mal podría haberse anticipado Carreño a los profundos cambios que habrían de convertir a esa dependencia olvidada del Ministerio de Economía Nacional, casi 80 años después de su entrada en funcionamiento, en la entidad que conocemos hoy.
Para entender la importancia de la Superintendencia de Sociedades es preciso advertir que se trata de un cuerpo exótico en la configuración institucional de un país capitalista. La labor que históricamente ha desempeñado en la fiscalización o “supervigilancia” de sociedades cerradas es tan difícil de justificar en términos económicos que casi ningún otro país se ha atrevido a emularla. Con el paso de los años, sin embargo, la superintendencia se fue convirtiendo, de manera sigilosa, en una pieza indispensable del engranaje económico nacional.
No muchos saben, por ejemplo, que la superintendencia ha sido la encargada de resolver organizadamente algunos de los más grandes escándalos de la última década, incluidos los de DMG, el Grupo Nule, Factor Group, Interbolsa y las compañías de libranzas. En cada uno de esos casos, la entidad intervino con decisión para contener la crisis, salvaguardar los derechos de los ahorradores y, en últimas, mitigar los daños para la economía nacional. Algo similar ocurrió en escándalos de más antigua cosecha, como los de Icasa, J. Glottmann, los Picas, las SAPACS y el ignominioso paso del narcotráfico por el fútbol colombiano.
Tampoco puede dejarse de lado que la superintendencia administra el principal foro de insolvencia del país. La seriedad con la que la entidad ha desempeñado sus funciones en materia concursal la ha hecho merecedora de la confianza de empresarios y acreedores, quienes acuden a ella confiados de un juicio ecuánime y expedito. Por los estrados judiciales de la superintendencia han pasado algunas de las principales compañías del país, desde Acerías Paz del Río hasta Pacific Rubiales. Ante el éxito de este foro concursal, se optó por extender las facultades jurisdiccionales de la entidad para abarcar la resolución de conflictos societarios. Esta nueva etapa en la historia de la superintendencia comenzó tímidamente en 1998, para luego, con la promulgación de la Ley 1258 de 2008 y una restructuración completada en el 2012, dar el paso definitivo hacia la creación del único tribunal especializado en sociedades de América Latina, elogiado por las Naciones Unidas y destacado por nuestro Consejo Privado de Competitividad como “un ejemplo de eficiencia para la justicia colombiana”. A todo lo anterior debe sumársele la renovación de las facultades de fiscalización administrativa a cargo de la superintendencia. De antaño enfocada en asegurar el cumplimiento de formalismos inanes, la entidad ha logrado darle una orientación moderna y económicamente sensata a la antigua “supervigilancia” de sociedades cerradas. La relevancia de la superintendencia puede apreciarse incluso en el liderazgo intelectual que ha tenido esta institución: en sus entrañas se han preparado algunas de las principales reformas al régimen societario y concursal del país.
En sus casi 80 años de historia, la Superintendencia de Sociedades ha sido protagonista silenciosa de la transformación de la economía colombiana. En la última década, luego de las reformas estructurales promovidas bajo la gerencia pragmática del superintendente Vélez, la entidad se convirtió en referente regional bajo el liderazgo erudito del superintendente Reyes. Al nuevo superintendente le corresponderá preservar los principios rectores de esta venerable institución, forjados en tradiciones de ecuanimidad, celeridad y rigor técnico. Nos atrevemos a vaticinar que así será.
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