La deuda externa de Venezuela

Salomón Kalmanovitz

Economista e historiador

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció, el pasado 2 de noviembre, que buscará reestructurar su deuda global, culpando a las sanciones del gobierno de EE UU por imposibilitar encontrar nuevo financiamiento.

La deuda venezolana alcanza los 143.000 millones de dólares. El gobierno transfirió 1.100 millones de dólares para pagar la deuda principal de los bonos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), que vencieron el 8 de noviembre, pero de aquí en adelante deberá enfrentar una agenda de pagos que luce bastante difícil de cumplir. El pago dejó vencer los intereses correspondientes, lo que técnicamente no constituye impago, pero considerando que las reservas solamente alcanzan los 10.000 millones de dólares, se trató de un esfuerzo gigantesco.

El vicepresidente, Tareck El Aissami, fue nombrado negociador principal de la deuda, lo cual es un desafío a la administración Trump, porque lo denunció como un narcotraficante; además, el gobierno de EE UU les prohíbe a todos sus ciudadanos hacer negocios nuevos con Venezuela. Tareck convocó a una reunión en Caracas para el 13 de noviembre, para aclarar las cosas, pero ningún banquero ni acreedor norteamericano pudo atender.

Tareck utilizó dos términos contradictorios: reestructurar y renegociar, para enfrentar los voluminosos pagos que debe hacer Venezuela hacia el futuro. Reestructurar puede terminar imponiendo grandes pérdidas a los portadores de bonos, mientras que renegociar puede alargar el plazo, pero mantener el valor pagado por los inversionistas. El anunció impulsó la desvalorización de los bonos venezolanos en Londres, que están siendo ofrecidos por una quinta parte de su valor.

Tanto Chávez como Maduro fueron cumplidos con las obligaciones externas del gobierno bolivariano, lo que generó críticas de varias entidades y personas de que se les daba preferencia a los acreedores externos frente a las ingentes necesidades de alimentos y medicinas de la población venezolana. Lo que debía hacer el gobierno, según ellos, era arreglar con el FMI, conseguir préstamos de emergencia y hacerse a los programas de ayuda de entes internacionales, como Naciones Unidas y otros.

La razón para insistir en el pago oportuno puede tener como objetivo que los acreedores no embarguen los activos que mantiene el gobierno o PDVSA, que incluyen la distribuidora de gasolina Citgo en EE UU, tanqueros y facilidades de almacenamiento de combustible. La lucha para hacerse a estos activos puede llegar a ser muy larga y compleja.

Adicionalmente, Venezuela debe miles de millones de dólares a empresas que han recurrido al arbitramento internacional por expropiaciones, a recuperar fondos de aerolíneas, por el congelamiento de utilidades en bolívares que pierden valor a una tasa de 60 % mensual, que es el umbral técnico de una hiperinflación.

La pésima administración e incompetencia de Maduro han hecho que Venezuela esté atravesando por el peor colapso en la historia moderna de la América Latina. Su economía se contrajo el 20 % el año pasado, de acuerdo con el propio Banco Central, y la inflación de más del 800 % al año es un pesado impuesto sobre los consumos de su población que ha perdido entre 10 y 15 kilos por persona. A pesar de la promesa de la revolución bolivariana de redimir a los pobres y acabar con la corrupción de la elite, hoy el 82 % de la población está en la pobreza y la corrupción ha alcanzado magnitudes dantescas.

Aunque el país siga haciendo esfuerzos enormes por abonar su deuda externa, cada vez va a ser más difícil lograrlo.