La corrupción en Brasil (y acá también)

Salomón Kalmanovitz

Economista e historiador

La condena al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años de prisión luce desproporcionada frente a los 10 años que recibió Marcelo Odebrecht con su mansión por cárcel. La justificación es que Odebrecht negoció rebajas de penas a cambio de información y Lula no se sometió al mismo procedimiento. El proceso, conocido como Lava Jato, ha empoderado a la justicia que se ha mostrado radical contra algunos, mientras muchas condenas se transan con generosos intercambios de penas para los sospechosos. Odebrecht admitió que su empresa aportó mil millones de dólares en sobornos en una docena de países, en los que financió campañas de todos los partidos que prometían ser ganadores.

El escándalo estalló cuando el presidente de Petrobras fue sorprendido por la Policía Federal con millones de reales en su casa y con cuantiosas cuentas en el exterior que lo indujeron a confesar y revelar las conexiones entre políticos, contratistas y lavadores de dinero. El juez Moro, encargado del caso, aprovechó las fisuras de los políticos y de las cortes para adelantar sus procesos.

El veredicto de la Corte Suprema de Justicia contra Lula fue de 6 contra 5, revelando que se estuvo lejos de la unanimidad. Las presiones políticas fueron evidentes, entre otros, con un jefe militar que trinó que repudiaba la impunidad que la justicia permite en Brasil o del partido del presidente Temer, también envuelto en múltiples casos de corrupción. Temer fue vicepresidente de Dilma Rousseff, de cuya alianza renegó para lograr destituirla en el 2016.

La acusación contra Lula de haber recibido un lujoso apartamento de vacaciones que nunca ocupó ni apareció como dueño no pudo ser probada, pero se le adjudicó responsabilidad colectiva por un gran caso de corrupción contra el Partido de los Trabajadores del que era incuestionable líder, por haber firmado contratos que estuvieron sobrecosteados, a favor de contratistas que le eran cercanos.

Según The Economist, la corrupción está firmemente asentada en América Latina; Brasil era de los más expuestos por el gran tamaño de su economía y el poder de sus contratistas. “Cuales quiera que sean sus fallas y riesgos, el impulso anticorrupción marca un avance. Los jueces están tomando estas drásticas decisiones porque los políticos les han fallado en regular la justicia y en la reforma política”. La introducción de la negociación de penas ha logrado neutralizar el enfoque formalista que permitía las innumerables instancias que llevaban a la prescripción de los procesos, alimentando la corrupción. “Los contribuyentes fueron estafados y los votantes burlados, lo que no será tan fácil en el futuro”.

En Perú cayó el presidente Pedro Pablo Kuczynski por coimas que le pagó Odebrecht; en Ecuador el vicepresidente Glass está en la cárcel por lo mismo. En Colombia, la constructora brasileña pagó sobornos a las campañas del Centro Democrático y de Santos en el 2014, sin ninguna consecuencia. Así mismo, se aduce que en la construcción de la Refinería de Cartagena por Ecopetrol hubo sobrecostos por 4.000 millones de dólares, parte de los cuales fueron a parar a contratistas nacionales y extranjeros, al igual que en Bioenergy (por 430 millones de dólares) que produce etanol para los oligopolios azucareros. Mientras exista escasa competencia política y los partidos sean financiados por contratistas, no habrá órganos de control ni jueces que enfrenten la corrupción que aquí sigue teniendo futuro.