13 de Diciembre de 2024 /
Actualizado hace 5 hours | ISSN: 2805-6396

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Opinión / Columnista Impreso

Estándares para la recuperación económica

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Adriana Zapata

Doctora en Derecho

 

La Cepal, organismo de las Naciones Unidas encargado de estudiar el acontecer económico y social de América Latina, divulgó su más reciente diagnóstico, en el que se analizan los condicionantes de las políticas monetaria y fiscal para la pospandemia[1], lo cual nos deja una visión desoladora por los efectos colaterales del covid-19 sobre la economía y las medidas que se requerirán para superarlos. En términos de pérdida de empleos y resurgimiento de condiciones de pobreza, la emergencia nos regresó a épocas que ya habíamos superado.

 

Salir de esta situación solo se podrá hacer mediante la puesta en marcha de políticas fiscales que apunten a un mayor gasto, como los apoyos directos al ingreso básico de las familias menos favorecidas, a las microempresas y al comercio, estimulando de esta forma tanto la demanda como la oferta. En este escenario, el Estado se convierte en un actor crucial para superar la recesión que se avizora (que para algunos ya es depresión), y para estos propósitos será necesario contar con recursos. Las fuentes internas son imprescindibles, pero mencionaremos aquí solo algunas del exterior, a efectos de poder referirnos a los estándares internacionales que se exigen como punto de partida para acceder a ellas.

 

Entre las fuentes del exterior contamos con recursos de la línea flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI), recientemente ampliada a la suma de 17.300 millones de dólares, monto muy significativo que hasta la fecha el país no ha empleado, pero del que ya anunció un uso parcial. Otra fuente se originará en los préstamos que otorgue la banca multilateral y, por último, en recursos de la cooperación internacional que se sumarán a los ya concedidos para apoyar inversiones vinculadas con el proceso de paz.

 

Este panorama nos sirve de excusa para hablar de algunos estándares internacionales cuya adopción nos deja en mejor posición para obtener recursos externos, lo que resulta tanto más importante si se tiene en cuenta que los de cooperación serán escasos, pues también los países desarrollados están ocupados en su propia recuperación.

 

Los estándares del FMI han sido impulsados por este organismo desde años atrás y se orientan a nivelar el campo de juego de los Estados que acuden a los mercados internacionales a buscar recursos. La nivelación consiste en establecer normas de revelación de información y de arquitectura institucional que reflejen las mejores prácticas, como las de bancos centrales independientes y de transparencia fiscal[2]. No se trata de los no bien recordados condicionamientos crediticios de otras épocas, sino de poner a disposición de la comunidad internacional información oportuna y relevante para la toma de decisiones, entre otras finalidades.

 

Los estándares IATI, de su lado, corresponden a una iniciativa para la difusión de la información de recursos de cooperación y ayuda humanitaria o de financiación privada con destino a países en desarrollo. Se trata de que la información sobre el destino de los recursos se someta a unos mínimos que no solo aporten transparencia en cuanto a los usos, sino también datos que puedan ser tratados libre, uniforme y comparativamente por quienes se encuentren en proceso de evaluar la concesión de una ayuda o un crédito, así como también para que Estados receptores obtengan información de potenciales donantes. Colombia es parte de esta iniciativa desde el 2012, entre una treintena de países, al lado de organizaciones como el BID, la IFC, Unicef, el Banco Mundial y la OMS[3]

 

Los estándares de la IFC para préstamos verdes fueron objeto de estudio en una columna anterior, por lo que no volveremos sobre sus antecedentes y forma de funcionamiento. Baste para estos efectos agregar que tales estándares hacen parte de los conocidos Principios de Ecuador, que ya han sido adoptados por más de cien instituciones financieras mundiales para un mejor manejo de los riesgos ambientales y sociales de los proyectos que financian, mejorando los procesos de debida diligencia y monitoreo para la mitigación de esos riesgos[4].

 

Como puede verse, el acceso a los recursos del exterior pasa por un camino sembrado de estándares financieros, de transparencia e información que el país ha venido incorporando, lo que debe situarnos en una posición favorable frente a otras economías regionales.

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