El Viejo Continente frente al impacto de la inmigración

Matthias Herdegen
Director de los institutos de Derecho Público y Derecho Internacional de la Universidad de Bonn (Alemania)

Países de América del Sur, como Colombia o Brasil, comparten con el Viejo Continente el desafío de manejar el flujo migratorio de cientos de miles de personas que huyen de la persecución política o de la violencia en sus países de origen, o de situaciones de pobreza y miseria económica. Muchas veces los tres factores se unen como catalizadores de migración.

Los sistemas jurídicos de antaño se enfocaron en la protección de aquellos que son víctimas en razón a sus opiniones políticas o por su pertenencia a un grupo étnico o religioso. El Convenio de Ginebra se refiere a estas formas de persecución. También la Ley Fundamental de Alemania contempla el derecho de asilo vinculado a criterios personales. A ello se suman las víctimas de amenazas físicas, como el caso de muchos fugitivos de la guerra civil en Siria. Desde el 2022, países como Polonia y Alemania acogieron a un enorme número de refugiados de la guerra en Ucrania.

El manejo de la crisis migratoria con una especie de “apertura de las fronteras” contribuyó de manera importante al fortalecimiento de partidos populistas de derecha. Muchos de estos partidos lamentan la supuesta evaporación de una coherencia cultural y social. Hacen llamados por un firme control fronterizo. Deploran sobre todo la alta cuota de inmigrantes provenientes de países musulmanes y critican lo que califican como incapacidad o falta de voluntad de la Unión Europea (UE) para controlar sus fronteras externas. En Francia, el exdirector de Frontex, Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, responsable de este control, es ahora figura líder del partido populista y fuerte crítico de la política europea. En Italia, el gobierno ve con mucha desconfianza la acción de las organizaciones que operan barcos de rescate de fugitivos en el Mediterráneo.

En Alemania, sectores radicales del partido derechista Alternativa para Alemania (AfD) propagan un concepto étnico de “pueblo”, que alimenta discusiones sobre el carácter extremista de esa colectividad y la posibilidad de prohibirla, buscando que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional al AfD. Tal demanda de prohibición de un partido, que ya goza de bastante apoyo por parte de muchos ciudadanos, vaticina resultados inciertos, porque las exigencias constitucionales para la prohibición de un partido son muy severas.

Un aspecto crucial son los límites normativos para el control de fronteras y el flujo de migración. La entrada a un país es factor clave, porque la mayoría de los inmigrantes irregulares no pueden ser deportados por razones jurídicas u obstáculos fácticos, sea por falta de identificación, reticencia del Estado de origen a recibir a sus propios ciudadanos o por situaciones particulares. La UE busca acuerdos con países que faciliten el regreso de inmigrantes y establece ayudas económicas para mejorar la situación en estos países.

Por su parte, la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) mira con lupa los push backs, es decir, el rechazo físico de migrantes ilegales en la frontera. La Corte los encuentra justificados solamente si existen caminos para la migración legal de fugitivos, vía puestos fronterizos o consulados, donde se pueda formular demanda de asilo. Fue eso lo que llevó al gobierno del Reino Unido a seguir el ejemplo de Australia y organizar un proceso de asilo extraterritorial. Para este fin, el gobierno británico concluyó un Acuerdo con Ruanda que causó mucha controversia. Ahora Italia se inspira en la estrategia británica y conduce los procesos de asilo en Albania, país firmante del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En Alemania, este modelo está ganando respaldo por un creciente número de protagonistas políticos. Así, la jurisprudencia bastante activista de la CEDH alimenta una tendencia hacia la exportación de los procesos de asilo para controlar mejor el ingreso de fugitivos.

Una última faceta nació con la guerra híbrida de Rusia contra Occidente. Castigando a Finlandia por su ingreso a la Otán, el Kremlin moviliza fugitivos a la frontera entre Rusia y Finlandia. Rusia busca aprovechar el dilema occidental de proteger la frontera y, simultáneamente, la ambición moral de la Europa occidental de brindar protección a fugitivos. Cuando el Gobierno de Finlandia anunció su determinación de asegurar su frontera contra el abuso de la migración como instrumento desestabilizador y de guerra híbrida, algunos políticos alemanes levantaron la voz para reprochar a Finlandia. Así surge una nueva sinergia entre el alto moralismo europeo y la agresión rusa. Una sinergia indeseada para los moralistas bien intencionados, pero muy bien calculada por los promotores de la guerra híbrida. Los derechos humanos permiten una respuesta a tal abuso: tienen sus límites inherentes y explícitos en la autopreservación del Estado y en el régimen de emergencia (art. 15 de Convenio Europeo). Fiat iustitia, et pereat mundus no es ni objetivo de los derechos humanos ni del orden internacional.

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