Reinventar la justicia en la pospandemia

Hernando Herrera Mercado

Presidente Corte Arbitral CCB y Director Corporación Excelencia en la Justicia

Como centro de pensamiento líder en el país, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) asumió el oficio de proponerle al país una forma o manera para “repensar” la justicia luego de superada la pandemia. A continuación, se presenta el resultado de tal ejercicio.

(i) La justicia poscovid debe promover la transición de la “cultura del papel” hacia la “cultura digital” en los operadores de justicia. La Rama debe impulsar el uso de las herramientas colaborativas de bajo costo para la gestión interna, como Microsoft Teams, SharePoint, entre otros. Además, debe hacer extensivo el uso de herramientas de inteligencia artificial, que permiten automatizar y estandarizar tareas inherentes a la administración de justicia, lo cual permitirá reducir la mora judicial, aliviar la carga de trabajo y mejorar los tiempos procesales de resolución de controversias. Es de anotar que, según cifras del Consejo Superior de la Judicatura, actualmente, uno de cada cuatro despachos judiciales del país gestiona sus procesos de manera absolutamente manual y, al cierre del 2019, la Rama Judicial, en conjunto, acumulaba 1.913.309 procesos en inventario.

(ii) Hay que pensar en el ciudadano como cliente de un servicio. Datos inquietantes reportan una persistente y adversa percepción pública desfavorable del sistema judicial. Según los resultados de la encuesta sobre la “Percepción ciudadana sobre el país” del Centro Nacional de Consultoría, el 69 % de los encuestados cree “poco” en la justicia de Colombia. En consecuencia, la Rama Judicial debe potenciar indicadores para evaluar la satisfacción de los usuarios del sistema judicial en relación con su percepción sobre la calidad de los servicios ofrecidos, de manera que estos indicadores sirvan como insumo para mejorar la relación del sistema con sus usuarios.

(iii) Más flexibilidad. Actualmente, los códigos de procedimiento son complejos, lo cual marcha en desmedro del dinamismo judicial. Según cálculos de la CEJ para un estudio sobre costos procesales realizado para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho puede tardar entre 433 y 1.215 días hábiles para su resolución, en tan solo su primera instancia.

(iv) la justicia poscovid debe apostarle al fortalecimiento en la difusión de mecanismos alternativos de solución de controversias. El fortalecimiento de mecanismos como la conciliación, el arbitraje y la amigable composición funge como una manera de descongestionar el sistema judicial, pero, adicionalmente, logra satisfacer las necesidades legales de los ciudadanos sin necesidad de acceder a la justicia tradicional. Existe un importante recurso humano dispuesto a prestar su concurso para ampliar el espectro de opciones de solución de disputas, de lo que da cuenta que, según el Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición, a la fecha, Colombia cuenta con 26.843 conciliadores, 1.697 árbitros y 1.398 amigables componedores. No obstante, la demanda ciudadana por los servicios de estos métodos es mucho menor a la oferta.

(v) Se debe fomentar la cultura de la legalidad. En los currículos de educación básica y media se debe incluir la obligatoriedad de la enseñanza de cultura ciudadana y legal, lo cual ayudará a fomentar el respeto por la norma en las nuevas generaciones. Esta necesidad surge de datos concretos que reportan, en primer lugar, el desconocimiento ciudadano sobre las acciones judiciales; de conformidad con la Encuesta de Cultura Política (Dane, 2019), se exhibe que 8 de cada 10 colombianos desconoce qué es una acción de grupo o una acción de cumplimiento, mientras que 6 de cada 10 colombianos ignora qué es una acción popular. En segundo lugar, registros adicionales ratifican tal menester de mayor fomento a la cultura de la legalidad, ya que crece entre la opinión ciudadana encuestada la justificación de pago sobornos (Barómetro de las Américas 2018/19).

(vi) La justicia poscovid debe ser más inclusiva. Actualmente, el acceso a servicios legales de asesoría y representación para los ciudadanos cuenta con barreras para hacer valer sus derechos ante la administración de justicia. De esta manera, los servicios legales se deben democratizar teniendo en cuenta la gran oferta de abogados en el país y, por tal motivo, se debe propender porque todos los ciudadanos tengan acceso a ellos, reglamentando de mejor manera el servicio de los consultorios jurídicos de universidades y dando un mayor protagonismo a la Defensoría del Pueblo para la representación gratuita para ciudadanos que no tengan los medios económicos para acceder a un abogado. Para ello, es significativo señalar que dicha entidad cuenta con 3.807 defensores públicos en todo el territorio nacional y, en términos generales, se puede anotar que, al cierre del 2020, el país tenía 333.997 abogados activos, lo que equivale a 663 abogados por cada 100.000 habitantes.